El Estado debe actuar contra la irrupción de mafias en la vida social

Uno de los problemas sociales y de seguridad de mayor gravedad en nuestro país en las últimas dos décadas tiene que ver con la creciente irrupción de bandas mafiosas, que vinieron enquistándose en distintos estamentos.

En sus primeras instancias se trataba de casi mínimas apariciones, como el caso de los barrabravas que operaban los fines de semana en los estadios de fútbol. En el caso del consumo de drogas, aparecieron pequeños grupos de narcotraficantes detectados inicialmente, constatándose entonces que algunos menores de edad cometían pequeños robos para poder comprar marihuana u otras drogas como el paco.

Aquellas primeras vinculaciones distaban de generar inquietud y se las consideraba como actividades marginales no gravitantes. Sin embargo, en el caso de la droga, el fenómeno evolucionó hasta alcanzar niveles gravísimos, merced al desembarco de organizaciones internacionales de narcotráfico, de accionar mafioso, que se propusieron convertir a la Argentina en un país productor, en especial de las llamadas drogas químicas. Lo mismo podría decirse de los barrabravas, originalmente dedicados a obtener pequeños lucros en los estadios y que, luego, terminaron por convertirse en bandas estructuradas para dedicarse a todo servicio delictivo.

Pero ese proceso tuvo su correlato en otras áreas. Los robos a camiones terminaron por estructurarse en una verdadera delincuencia organizada, conocida como “piratas del asfalto”, con ramificaciones también en el exterior y conexiones con niveles políticos y del Estado. Asimismo, en muchas ciudades comenzaron a hacerse sentir las mafias organizadoras de la venta ambulante, mientras que las periferias fueron áreas propicias para las usurpaciones de tierras y propiedades concretadas también por bandas que se vertebraron para actuar en forma sistemática. La Plata, lamentablemente, fue uno de los escenarios elegidos por la venta ambulante y el problema, que sigue vigente, es cada vez más complejo.

Sobre ese contexto ya crítico, en los últimos años surgió un nuevo frente, denunciado en numerosas oportunidades por supermercadistas chinos de muchas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, como ocurría hace ocho años en Mar del Plata, Necochea, Quequén, Tres Arroyos y Bahía Blanca, entre otras ciudades, en las que a muchos empresarios chinos se les empezó a requerir -en carácter de “protección”- el pago de voluminosas sumas de dinero. Se registró a partir de entonces y hasta la fecha una sucesión de “represalias”, con muertes y otras muy graves derivaciones.

Se habló, desde entonces, de la “mafia china” que presionó a supermercadistas de esa nacionalidad, para exigirles dinero a cambio de protección. Tal como se informó en la edición de ayer, un episodio de esa naturaleza ha vuelto a registrarse en nuestra ciudad, en donde un supermercado chino fue literalmente arrasado por un grupo de seis hombres que, uniformados de negro, con barbijos blancos, atacaron a palazos las góndolas y golpearon al dueño y al encargado del negocio. Tal como se dijo, no hablaron en ningún momento pero quedó sobreentendido qué significaba ese “lenguaje” violento, en un episodio que la justicia actuante buscará esclarecer.

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No faltaron en estos años pruebas evidentes de la presencia de grupos que pretenden vivir al margen de la ley, que no trepidan en presionar, golpear y matar a las víctimas, en situaciones que el Estado debe combatir con todo el peso de la ley. Estas mafias no trepidan en utilizar métodos y armas que no dejan lugar a duda alguna sobre sus propósitos delictivos y, tampoco, sobre la “profesionalidad” con la que actúan.

Surge con nitidez que los poderes públicos deben reaccionar en forma perentoria, en el marco de la legalidad, sacando de circulación a estas mafias que amenazan con seguir propagándose y hacer colapsar toda posibilidad de una convivencia civilizada y pacífica.