Alarmante sucesión de casos de violencia policial en cuarentena

La revelación oficial acerca de que desde el 20 de marzo hasta los primeros días de agosto -es decir, durante el curso de la cuarentena- se denunciaron 531 casos de violencia institucional en nuestro país, con el saldo de 92 muertes a manos de las fuerzas de seguridad y 34 de ellas por “gatillo fácil”, reclama no sólo el esclarecimiento de cada uno de esos episodios y la correspondiente condena de los responsables, sino una profunda revisión de la formación de quienes integran los distintos cuerpos policiales, de gendarmería y de otras fuerzas destinadas a prevenir el accionar delictivo.

Las cifras detalladas, ciertamente estremecedoras, fueron ofrecidas por la ministra de Seguridad de la Nación y el secretario de Derechos Humanos ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados nacional.

Los números corresponden al período comprendido entre el 20 de marzo (día en que el gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio) y principios de agosto. Además, cobra mayor relevancia cuando se lo contrasta con los episodios registrados entre el 10 de diciembre y el 19 de marzo, que fueron 71.

Los datos forman parte de un “Informe de Gestión Violencia Institucional” presentado por el organismo de derechos humanos en la sesión mencionada y corresponden a situaciones en las que se vieron involucrados en forma directa miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

Según detalló la titular de Seguridad, de los llamados recibidos en su cartera 71 casos fueron por acceso a la justicia; 11 por amenazas; 23 por apremios legales; 132 por asistencia médica (en las cárceles); 28 por causas armadas; 142 por contacto con defensores (falta de contacto de los reclusos con sus abogados), uno por desaparición forzada; 20 por detenciones arbitrarias; 24 por hostigamiento; 37 por lesiones, 5 por malas condiciones de detención; 24 por malas condiciones de alojamiento; 25 por muerte; dos por robo en allanamientos; seis por torturas; nueve por violencia de género y 42 por distintas denuncias.

Se indicó que la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Bonaerense son las que tienen más involucramiento, seguidas por la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se consideró que el crecimiento mayúsculo en la cantidad de incidentes durante el confinamiento no debe dejarse de lado. Por otro lado, la violencia institucional no es la única que proliferó sin control durante los más de 150 días de cuarentena que lleva la Argentina. También, de acuerdo a las cifras oficiales, los hechos de violencia de género e intrafamiliar se quintuplicaron.

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Del total de casos fatales, se informó que “34 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custodia -cárceles o comisarías-; cuatro femicidios y femicidios relacionados; tres desapariciones forzadas; dos son consecuencia de otros delitos policiales, dos son otras modalidades, como el uso del patrullero como arma, y el restante de intrafuerza (se mataron entre ellos)”.

Se dejan aquí de lado, por razones de espacio, la mención de otros casos emblemáticos de desaparición forzada, todos ellos reveladores de una violencia institucional en diversos distritos, a la que se permitió irradiarse sin control, en una situación que debe revertirse de inmediato.

Se ha dicho muchas veces que las fuerzas de seguridad deben representar una garantía y no una amenaza para la sociedad. Los datos aquí reflejados dejan a la vista que no imperan sobre ellas principios generalizados de profesionalidad y de una estricta formación integral de la personalidad de los aspirantes.

El informe oficial obliga a la dirigencia política a poner la mira en la necesidad de capacitar debidamente a cada una de las fuerzas de seguridad para que, sólo en el marco de la ley, defiendan el orden que toda convivencia civilizada exige.