La Cámara Nacional en lo Criminal declaró inconstitucional el proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno, que prevé, entre otras cosas, el traspaso de las causas penales al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por unanimidad, en un acuerdo celebrado por videoconferencia, los camaristas cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo que propone seleccionar a 23 magistrados del fuero nacional en lo criminal y correccional para cubrir, como subrogantes, los juzgados a crear en la fusión de los tribunales federales y penal económico.

La Cámara objetó de la iniciativa la “transferencia al Poder Judicial de CABA de los jueces del fuero nacional en lo criminal y correccional que acuerden con esa posibilidad, la prohibición al Consejo de la Magistratura de la Nación de convocar a concursos para cubrir cargos vacantes y la disolución de los juzgados y la reubicación de funcionarios y empleados”.

Para los camaristas, la implementación de esas medidas “ha de resentir la administración de justicia”.

Definieron como un “agravante” el hecho de que parte de la reforma impacta directamente en la “competencia” de esa cámara.

“El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados, que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes”, advirtieron.

Sostuvieron además que, en cuanto a los funcionarios y empleados del fuero, “tampoco se contempló ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”, lo que “se traduce en una afectación a la estabilidad en las condiciones de empleo” de los involucrados.

Los camaristas recordaron que “las únicas causales para el cese” en el caso de los jueces, son, además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente, “su renuncia actual, expresa e incondicional presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones”.

Consideraron también que la transferencia de jueces nacionales a la órbita local sin su consentimiento “podría generar reparos de índole constitucional, en la medida que podría verse afectado el principio de inamovilidad” y de independencia de los poderes del Estado, previstos en la ley fundamental.

Del acuerdo participaron el presidente del tribunal, Alberto Seijas y los vocales Mariano González Palazzo, Juan Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Lucini, Mauro Divito, Ricardo Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López, Magdalena Laiño y Pablo Lucero.

Paralelamente, el Senado de la Nación continuará hoy con las audiencias sobre la reforma judicial, en la que un grupo de especialistas expondrá sus opiniones acerca de las alternativas viables para la reorganización de la Justicia Federal en todo el país.

La jornada será abierta por Emanuel Desojo, presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) de La Plata-Berisso-Ensenada.

A continuación, los legisladores escucharán al abogado Magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Alberto Garay; a quien le seguirá el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni.

El ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi se presentará como representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires. Finalmente, también fueron convocados Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, FORES.

Las audiencias fueron abiertas el martes con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, quien defendió el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández porque, dijo “va a cambiar la imagen de la Justicia”.

“La transferencia de jueces a la órbita local, podría generar reparos de orden constitucional”

“El proyecto importa el completo desguace del fuero”