Descartan que Macri haya creado una red de espías ilegal

La Cámara Federal porteña descartó que el Gobierno de Mauricio Macri creara una “asociación ilícita” para espiar a políticos, periodistas y sindicalistas, por lo que anuló los procesamientos judiciales de al menos 20 imputados, entre ellos los extitulares de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesta “asociación ilícita”.

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Macri, Darío Nieto.

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

Pero el tribunal dejó procesada a Majdalani, subdirectora de la AFI, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, ya que consideró que “no controló” la actividad de un grupo de agentes que habrían actuado por cuenta propia para espiar y extorsionar a personalidades de la política, sindicalistas y periodistas locales.

La comisión bicameral del Senado, dominada por el kirchnerismo y que se encarga del seguimiento de los organismos de inteligencia, aseguró que Macri transformó el espionaje en una política de Estado.

Sin embargo, el fallo de la Justicia consideró: “Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal”.

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“Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, agregaron en el documento judicial.

Apuntan a 9 agentes

De todas maneras, en el fallo se admitió que “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales”.

Se trata de nueve agentes de inteligencia que quedaron procesados por incumplimiento de la Ley de Inteligencia 25.520 que tiene penas de tres meses a dos años e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.

Son Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.

La supuesta estructura ilegal habría espiado a la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, el laboratorio de ideas de la exmandataria y actual vicepresidenta.

En este aspecto, las tareas de observación y seguimientos “tenían una orden judicial” que autorizaba estas medidas, por lo que no podría haber sanciones penales.

Otras de las víctimas habrían sido el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el que era su segundo, los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respectivamente.

Si bien en esta causa no fue procesado el expresidente, Macri sí lo está, desde el 1 de diciembre pasado, en otro expediente por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA “San Juan”, hundido en 2017, una decisión judicial que el propio exmandatario y sus aliados tachan de “persecución política”.

En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.

La sala II de la Cámara, integrada para esta causa por dos jueces de otra sala, la I, Bertuzzi y Llorens, resolvió siete incidentes presentados en la investigación que se llevó adelante en el juzgado federal de Lomas de Zamora y ahora quedó a cargo del juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi.

Se trata de la investigación por espionaje a políticos, periodistas, referentes sociales y detenidos en cárceles federales.

Los camaristas establecieron que todos los planteos de nulidad sean resuelto primero por Martínez De Giorgi y desestimaron un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa, para enviar la investigación a otro juzgado, el federal 5.

Las decisiones podrán ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal federal del país.