Gestión de camas: privados piden audiencia a la Provincia para saber su alcance

Malestar y un pedido de audiencia al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, fueron las primeras reacciones que cosechó la resolución del gobierno de Axel Kicillof de implementar un “sistema de gestión de camas” de aplicación obligatoria en los sistemas públicos y privados. Una medida de ejecución obligatoria, publicada en la noche del martes y que renovó las suspicacias respecto de un presunto avance estatal sobre el sector privado, algo que en la Provincia desmienten.

Tal como anticipó EL DIA, la normativa dispone la carga periódica de la ocupación de camas por parte de los hospitales y clínicas, la “absoluta prioridad” a la atención e internación de pacientes con Covid-19 -“mientras que a criterio médico, no se ponga en peligro inminente la salud de los pacientes”-, como así también la suspensión y reprogramación de las cirugías que se puedan postergar “en los establecimientos de salud cuya ocupación de camas de cuidados intensivos alcance el 70 por ciento de ocupación sostenido por un período mínimo de dos días”.

Justificada en el objetivo de contar con la mayor disponibilidad de camas para las personas contagiadas, el texto aclara que la medida “deberá ser cumplida hasta tanto disminuya el porcentual indicado” y advierte sobre multas y penas de hasta dos años para los directores, propietarios o responsables de los centros médicos que incumplan la norma.

La resolución llega meses después de que la administración de Kicillof anunciara un millonario “rescate” a las clínicas (afectadas por la retracción en las consultas que provocó la pandemia) y renueva la polémica en torno a una presunta intervención en el sector privado.

Consultado al respecto, el titular de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales bonaerenses (Fecliba), Néstor Porras, aseguró que tanto desde el ministerio de Salud como desde el IOMA -con quienes “hay diálogo permanente”- le transmitieron su intención de “no estatizar” los centros privados. Pues, advirtió, “si el Estado quiere quedarse con las clínicas no creo que vaya a usurparlas; primero debería comprarlas y es un sector que está muy complicado”.

Advierte (la norma) sobre multas y penas de hasta dos años para quienes la incumplan

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Tanto en Fecliba como en la Provincia coincidieron que la resolución no hace más que darle un marco legal a algo que, de hecho, ya ocurría desde la primera ola del virus: la postergación de ciertas prácticas “no urgentes” para priorizar la atención del coronavirus y la información de la ocupación de camas, algo que no todos los sanatorios llegaban a cargar.

La inquietud, cristalizada en la normativa, refleja además el creciente estrés del sistema de salud en medio de la segunda ola de la pandemia: según datos oficiales, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA era ayer del 75 por ciento, mientras que en La Plata “prácticamente no quedan camas”, sostuvo el presidente de Fecliba.

En la Agremiación Médica Platense (AMP), donde aceptaron que la resolución de marras puso en palabras algo en lo que ya se trabajaba, admitieron la preocupación de los médicos sobre una supuesta “estatización del sector privado”.

“Hoy nuestra mayor angustia pasa por la saturación del sistema ante el aumento de casos, pero es cierto que esta medida agrega preocupación porque no queda claro hasta qué punto el Estado puede regular la actividad privada”, dijeron en la agremiación de los médicos platenses, para después rematar: “Creemos que debe gobernarse con consensos y no con imposiciones”.

Desde la oposición, el senador bonaerense radical y médico, Alejandro Celillo, valoró que se trate de hacer “un pool de camas de terapia intensiva, coordinando su empleo entre ambos subsectores en una mesa permanente”, pero al mismo tiempo reprochó que el IOMA retrase pagos a prestadores a la par que abre policonsultorios “en toda la Provincia que compiten deslealmente con las clínicas”. De ahí el temor del sector por un “intento de estatización del sistema, pese a que la Provincia lo niegue”, completó el legislador.

El propio Gobernador se refirió a la polémica ayer, tras un encuentro con representantes de obras sociales y prepagas: “Uno puede leer el texto con buena leche o mala leche”, lanzó, para luego subrayar que “en ningún momento se habla de estatizar clínicas privadas”.

En el Ministerio de Salud, ya se dijo, desmienten que se quiera intervenir el sistema privado. “Acá no hay dobles intenciones: no confundan”, disparó, por caso, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, que recordó que el sistema de gestión de camas funciona desde hace un año y que como “el sistema está muy tenso” se requiere “tener la información integrada para poder optimizarlo”.

Del mismo modo, el ministro de Salud, Daniel Gollan, la valoró como una herramienta “esencial” para gestionar el “crítico” momento de la pandemia.

Con todo, había un acuerdo “tácito” entre los privados y la Provincia sobre la reprogramación de atenciones “no urgentes” y la gestión de camas de terapia intensiva. Pero faltaba la resolución y “como algunas clínicas dejaron de cargar la información se dispuso legalmente esa obligación. Eso es lo único que se les pide”, completaron en Salud.

Desde Fecliba, Porras reconoció que en algunos sanatorios no se había llegado a informar el dato requerido, envueltos como están en la vorágine de la pandemia, con insumos escasos y un personal de salud (también escaso) abatido. “Abocadas a atender las urgencias de la pandemia, puede ocurrir que se escape la carga de datos”, algo que, interpretó, la flamante resolución busca regular.

Sobre la postergación o suspensión de prácticas que no tengan que ver con el coronavirus, Porras aclaró que no se negarán camas “a nadie” y que, si bien la prioridad es el Covid-19, no se dejarán de atender urgencias como ACV, infartos o partos. “Es sentido común. Se postergará lo que se pueda postergar”, a criterio de cada médico, tal como aclara la normativa.

Aseguran que, si bien la prioridad es el Covid-19, no se dejarán de atender otras urgencias

No obstante, y aunque sostuvo que “la pandemia está por encima de todo” y que los profesionales deberán acatar la directiva bonaerense, el titular de Fecliba alertó también que “están las matrículas en juego, las demandas de los pacientes que se pueden sentir descartados y el derecho a la salud que todos tenemos”.

Para aclarar ese y otros alcances de la resolución, como así también para exponer las limitaciones en recursos, personal e insumos, es que anoche entidades que nuclean a las clínicas -como Fecliba y Acliba- le daban forma a un pedido de audiencia con las autoridades sanitarias.