Suma rechazos la reforma a la Procuración y al oficialismo se le complica el quórum

Tras el festejo apretado cuando logró imponer su mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados y avanzar con el dictamen de la reforma del Ministerio Público Fiscal, el oficialismo todavía sigue a la caza de las alianzas que le permitan reunir el quórum necesario para llevar el proyecto al recinto. Una faena que será “difícil”, tal como admitió ayer el ministro de Justicia, Martín Soria, principal defensor de la medida que impulsa el Gobierno.

De acuerdo al último de los poroteos trascendidos, al kirchnerismo le faltarían ocho diputados para habilitar el debate en la Cámara baja. Y buscará “pescar” esos apoyos entre un grupo de 23 legisladores que no pertenecen ni al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio. De ellos, la mayoría rechazaría la iniciativa oficial y ni siquiera estarían dispuestos a sentarse en su banca para tratarla.

A la oposición de Juntos por el Cambio, se sumaron en las últimas horas las voces en contra de los legisladores que responden al cordobés Juan Schiaretti o al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

En cambio, la bancada que conduce Máximo Kirchner cosechó el respaldo (habitual) del mendocino José Luis Ramón, que apoya la propuesta para cambiar la forma en que se designa al Procurador: de la mayoría vigente de dos tercios de los presentes en el Senado se pasaría a la “mayoría absoluta de sus miembros”, un cálculo que favorece al oficialismo.

El texto que ya cuenta con media sanción del Senado fija además el plazo del mandato, que hoy es vitalicio, en cinco años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

Y modifica el procedimiento para remover al jefe de los fiscales: actualmente es mediante juicio político, por mayoría especial de dos tercios en Diputados, que acusa al Procurador ante el Senado, donde -también por mayoría de dos tercios- se lo juzga. El oficialismo propone relajar esas mayorías y que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político; además, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión del Ejecutivo.

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Para Juntos por el cambio, se trata de una ley hecha a la medida de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para desplazar a funcionarios que investigan casos de corrupción -como el actual Procurador interino, Eduardo Casal- y “garantizar la impunidad”.

Por eso ayer, en un intento por frenar la avanzada oficialista, la principal coalición opositora del país salió a respaldar la postulación de Daniel Rafecas (el candidato del Presidente) al frente de la Procuración y exigió detener la pretendida reforma del Ministerio Público.

“Juntos por el Cambio considera pedir la apertura del proceso y el tratamiento del pliego del candidato propuesto por el Presidente, el Juez Federal Daniel Rafecas y garantizar y prestar acuerdo con 2/3 para dicha designación”, comunicaron tras una reunión virtual de la que, entre otros referentes del espacio, participaron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Pidieron, además, “el retiro del proyecto en tratamiento en Diputados, ya que no reúne el amplio consenso que estas leyes necesitan, y no responde a las urgentes y verdaderas necesidades de los argentinos que hoy sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza, la inseguridad y el desempleo”.

También, criticaron que la iniciativa “revierte la garantía de un Ministerio Público elegido por amplias mayorías, lo que sustenta la garantía constitucional de una institución que ejerza su autonomía e independencia con garantías”.

La postura opositora se conoció después de que el presidente, Alberto Fernández, acusara a Juntos por el Cambio de frenar la nominación de su elegido para la Procuración. Para la oposición, el pliego duerme desde abril del año pasado en el Senado por orden de Cristina Kirchner. Incluso, cerca de la vicepresidenta descartaban ayer avanzar con la candidatura del juez.

En medio de esos tironeos, el propio Rafecas anticipó esta semana que no aceptará su postulación “si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador”. Eso, dijo, “será para mí un limite ético insuperable”.

RECHAZO EMPRESARIAL

No solo la oposición política pone reparos al proyecto que impulsa el Gobierno. En las últimas horas, hizo saber su rechazo el Foro de Convergencia Empresarial, que nuclea a las principales cámaras del sector, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y representantes de distintos credos.

“Vemos con extrema preocupación el proyecto de reforma del Ministerio Público”, advirtieron en un comunicado que ronda el centenar de firmas. Entre ellas, las de la Sociedad Rural Argentina y de empresarios como Marcos Galperín (Mercado Libre), Paolo Rocca (Techint) y Luis Pérez Companc (Molinos).

Para el sector, “una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso” y enviaron un claro mensaje al Gobierno: “La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico”.