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A media tarde, vecinos reclamaron seguridad en La Loma / Gonzalo Calvelo
“La seguridad es como la salud y la educación. Cuando vos considerás que lo que te da el Estado no te alcanza, recurrís, en el caso de la segunda a la escuela privada; en la tercera a las prepagas o clínicas privadas; y con la seguridad pasa lo mismo: cuando el vecino ve que no se lo protege por el motivo que sea -pandemia, falta de saturación de policías porque ya no hay, delincuentes más agresivos-, entonces sale a tomar medidas”, sintetizó Salvador Baratta, ex Subjefe de la Policía Bonaerense.
El intercambio con este diario se generó en referencia a los cuatro episodios ocurridos en las últimas horas en la Ciudad, en donde el plomo y la pólvora fueron protagonistas.
Peor aún: en uno de esos incidentes, el menor de 15 años que había ido a robar a una casa del barrio La Loma, murió en medio del atraco por la bala de un civil. Se sumó a una jornada con tiros en dos puntos de Tolosa (526 entre 12 y 13, 25 y 518) y el Centro (8 entre 46 y 47).
Con todo, la mencionada situación extrema no es una novedad para los platenses. El año pasado se registraron cinco casos de ladrones abatidos en ocasión de robo. Los fallecidos tenían todos menos de 25 años.
El primero tuvo lugar el 13 de abril, en 64 entre 10 y 11, cuando Pablo Aranda fue muerto de un tiro mientras caminaba por los techos de las casas, “vestido con ropa oscura, una barreta, guantes y mochila”, confiaron fuentes policiales.
Al mes siguiente, el día 29, Julio Leonel Cima (20) recibió un disparo en la espalda al intentar robar, junto a un cómplice, una casa de 164 entre 62 y 63.
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El seis de septiembre, en 1 y 77, una balacera entre ladrones que venían de un raid delictivo y la Policía, acabó con la vida de un joven de 20 años.
A fines de octubre, un cabo de la Policía Federal, custodio del Juan Pablo “Pata” Medina, ultimó de un tiro a un menor de 16 años en diagonal 74 y 46, Punta Lara.
Se trataba de un presunto malviviente que, segundos antes, -y con un compinche, que escapó- le había robado la moto y una mochila cuando iba a tomar la guardia como custodio en el domicilio del ex secretario de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
Por último, el 22 de noviembre Damián Silva (22) fue baleado en Punta Lara, en 11 entre 114 y 116, presuntamente mientras estaba por cometer un atraco en una vivienda de la zona.
En referencia a estos hechos y otros similares, Baratta mencionó que “si hacemos una referencia de compra de armamento, desde hace por lo menos 10 años, vamos a notar que la gente se está armando. Y eso no es bueno, porque hay que prepararse para tener un arma”. Y añadió: “A los que tienen, les aconsejo que cada 60 días concurran al polígono. Yo creo que el vecino común hoy está cansado de los hechos de robos, y ante esta situación sale al enfrentamiento”.
En tanto, Jorge Folino, Director de la Maestría en Salud Mental Forense de la UNLP, sostuvo que “es importante reconocer que las víctimas de robos no suelen ser blancos estáticos. El poder coercitivo del arma no reside únicamente en el delincuente; la víctima también debe reconocer el arma y su potencial de daño”. En esa línea, manifestó que “la víctima puede reaccionar con más o menos miedo, puede arriesgarse a la defensa dependiendo del valor material o moral que pretende proteger. Puede justificar el riesgo ante un victimario que esgrime un cuchillo pero no contra uno que esgrime un arma de fuego”.
Además, indicó Folino, “los propietarios de armas para defensa consideran que la posesión generalizada de armas disuade a los criminales potenciales”. Y, “si bien el argumento parece racional, la efectividad de la posesión y portación de armas para protegerse está muy discutida en la literatura científica. Suele reconocerse, en cambio, que en tanto la mayoría de los propietarios de armas de fuego nunca usarán las armas en la prevención del delito, su valor sería más emocional que práctico”.
Por ese motivo, explicó que “es necesario considerar las muchas funciones superpuestas y a menudo contradictorias que las armas cumplen para los usuarios. Entre los costos para el delincuente se destaca el de tipo legal, pues el uso de arma aumenta la probabilidad de que el incidente sea denunciado a la policía y la severidad de la pena”.
“Otro modelo explicativo complementario”, prosiguió, considera que las decisiones se toman en un marco de racionalidad ‘limitada’, lo que, en mi experiencia, refleja en gran medida lo que ocurre con adolescentes que roban y cometen homicidios. Desde este modelo, la impulsividad, la desinhibición por consumo de sustancias y las circunstancias pueden influir en forma determinante”.
Por último, concluyó en que “el uso de armas puede hacer más fácil evitar dejar evidencia forense biológica comparativamente con una agresión corporal”.
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