Reclamos de pymes por endeudamiento “extra” y una mayor presión fiscal

Distintos trabajos estadísticos que se realizan, los reiterados reclamos formulados en las últimas jornadas desde uno de los sectores más representativos de la actividad económica en nuestro país y los datos de la realidad, muestran que hay miles de comercios e industrias en nuestro país que están luchando en forma denodada por sobrevivir y proyectarse hacia un futuro mejor, en un contexto condicionado ya por la caída de muchas de esas pequeñas empresas.

Un informe realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), publicado ayer en este diario, reveló que el 37 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) contrajo endeudamiento “extra” en lo que va de 2021, para intentar sostener la actividad. La entidad advirtió asimismo que “si los gobiernos provinciales incrementan los impuestos, cerrarán más pymes”.

A través de un comunicado la entidad reseñó que “el Gobierno promulgó la ley del nuevo Consenso Fiscal, que suspende el cronograma de reducción de impuestos y, por el contrario, autoriza a las provincias y municipios a aumentar Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales”. Por eso, la CAME salió a alertar que “la medida sólo agravará la agonía de las pymes” y que formuló “un llamado a los gobernadores para que no afecten al sector”.

Según describieron, por efecto de la pandemia, “desde que comenzó la cuarentena hasta el mes de diciembre de 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes están en situación de colapso y quedaron afectados 185.300 trabajadores, según cálculos de la entidad”.

Así surgió del relevamiento realizado por CAME entre el 11 de mayo y el 7 de junio sobre 1.020 pymes del país. Según la entidad, los resultados indicaron que el 37 por ciento de las pymes consultadas contrajo endeudamiento “extra” este año para sostener la actividad. Y si bien aclararon que “esa proporción es 18 puntos menor al segundo semestre de 2020 (55 por ciento), se suma que entre las empresas que tomaron deudas financieras el año pasado para cubrir su menor actividad, un 27 por ciento debió refinanciarlas y otro 15 por ciento está en mora”.

Desde CAME agregaron que a las deudas financieras se suman las impositivas: “El 51 por ciento de las pymes relevadas declaró tener pasivos fiscales. Aunque esa ratio bajó 6 puntos frente a 2020, el 27,5 por ciento de las empresas que este año dejó de pagar impuestos postergó todos esos compromisos (nacionales, provinciales y municipales). El 72,5 por ciento restante solo una parte”.

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“Si se tiene en cuenta este panorama, sumado al descontrol de las ferias y manteros que continúan proliferando sin ningún tipo de control, generando una competencia desleal con el comercio formal, resulta incomprensible la decisión de establecer la suspensión de beneficios que tanto costó conseguir, como el cronograma de reducción de impuestos”, remarcaron desde la CAME.

Ya se ha hablado aquí de la incidencia demasiado gravosa de la presión fiscal en los precios de productos y en la vida de las pymes. En fecha reciente, un informe del Banco Mundial reveló que si las Pymes argentinas pagaran todos sus impuestos trabajarían a pérdida. Ocurre que si una empresa industrial del sector privado argentino cumpliera con todo lo que le pide el Fisco, tendría que enfrentar una presión impositiva del 106 por ciento: se ha llegado, entonces, a verdaderos despropósitos.

Todo indica que la tarea prioritaria, entonces, parece pasar por ordenar las cuentas del Estado y achicar el gigantesco déficit fiscal, entre otras distorsiones que debieran corregirse, como punto de partida para evitar el cierre de más empresas e iniciar el despegue de una actividad económica productiva que está esperando estímulos, seguridad jurídica y racionalidad en el manejo de los recursos públicos.