Cruces por el cobro de un tributo inmobiliario

El cobro de la plusvalía urbanística a través de una rotonda en la zona Norte de nuestra ciudad fue ayer motivo de una ardua polémica en el Concejo Deliberante. La decisión de aceptar la construcción de una rotonda en 467 y 160 por parte de un privado, motivó fuertes críticas por parte de los concejales del Frente de Todos, que acusaron a la gestión del intendente Julio Garro de “corrupción”.

Se trata de la contraprestación que las constructoras deben aportar al Estado municipal a cambio de la ganancia generada por la urbanización de macizos rurales, para el desarrollo de nuevos barrios, un trámite que efectúan el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

En este caso, la polémica se origina en el marco de la primera vez que el tributo, de entre el 10 y el 15 por ciento de la ganancia del privado, se percibe por parte de la Comuna. Se trata del desarrollo del barrio La Cañada, en la zona de 467 y 148, por el que, tras su cambio del indicador urbanístico, revalorizó sus tierras y por eso debe pagar la plusvalía. La modalidad que convinieron la empresa Agrycon S.A. y la Municipalidad es con el pago de la construcción de una rotonda en 467 y 160, por un valor de 63 millones de pesos, quedando un saldo de 14 millones para otros destinos y es, precisamente, la base de la polémica que objeta el PJ.

La oposición rechaza que se pague con una obra que beneficie al mismo barrio, en lugar de destinarse a infraestructura a sectores carecientes. “El espíritu de la ley de Hábitat es el de equilibrar el desarrollo urbano, no el de darle todo a las zonas más desarrolladas y seguir postergando a los barrios populares”, señaló Luis Arias, quien presentó una iniciativa para cambiar la normativa. Y fue más allá: denunció que ese uso de la plusvalía “viola la ley provincial de Hábitat y representa un hecho de corrupción”.

Paula Lambertini, en tanto, pidió transparentar y sistematizar el gravamen, a partir de un proyecto que crea un registro de los contribuyentes que deben abonarlo, así como los porcentajes y el destino al que deben afectarse los fondos.

Desde el oficialismo, en tanto, las ediles Romina Marascio y Carla Fernández defendieron el convenio y afirmaron que el cobro del tributo se está haciendo y que la elección del lugar donde se realizará la obra es “tan legal como necesario”. A lo que su par de Juntos Lucas Lascours concluyó con una chicana: “Si quieren decidir dónde se hacen las obras, ganen las elecciones”.

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