Un “escrache” que profundiza la grieta

El ataque al fiscal Diego Luciani, del que se informa aparte, era previsible. Ya se habían registrado declaraciones en las que desde distintos sectores se solicitaba protección para funcionarios de la Justicia que son objeto de constantes amenazas en los últimos meses.

El oficialismo está llevando a cabo una verdadera campaña destinada a presionar a integrantes del Poder Judicial a quienes visualiza como enemigos. Así es como caracteriza a Cámaras de Apelación, jueces de Primera Instancia y fiscales.

Los ataques han ido aumentando en número y severidad. En realidad aparentemente cuestionan a todo el Poder Judicial a pesar que en los doce años que Néstor y Cristina Kirchner se desempeñaron en la Presidencia de la Nación propusieron y el Senado aprobó la designación de decenas de jueces federales que continúan en funciones.

Después de la renuncia de cuatro de los cinco integrantes del máximo Tribunal que componían la “mayoría automática” del menemismo, Néstor Kirchner logró la aprobación de sus cuatro candidatos a integrar la Corte. De ellos sólo queda uno, Ricardo Lorenzetti ya que Juan Carlos Maqueda había sido designado por Eduardo Duhalde y continúa desempeñándose.

A esos dos jueces se agregaron luego a propuesta de Mauricio Macri Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aprobados con el voto de la mayoría peronista del Senado. Cabe recordar que el primero de ellos fue ministro de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo al que renunció en el 2005.

El kirchnerismo logró también otras posiciones como el estratégico Juzgado Nº 1 de La Plata que tiene competencia electoral en toda la Provincia en el que se designó a Alejo Ramos Padilla, que fue promovido desde el Juzgado de Dolores. Pero además ocho de los doce juzgados de Comodoro Py -dos siguen vacantes- también surgieron de proposiciones del kirchnerismo.

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Cambio de sistema

La vicepresidenta Cristina Kirchner comenzó formulando reparos, después profundizó las críticas y finalmente propuso un cambio total de sistema que de ser aplicado significaría la cesantía de todos los magistrados desde los de Primera Instancia al máximo Tribunal. Su propuesta requiere una reforma de la Constitución Nacional porque dispondría que los jueces sean elegidos por el voto popular. Según sostiene, de esa manera se evitaría que los magistrados respondan a factores de poder.

Después de pronunciarse en contra de la división de poderes sostiene que ese método democratizaría la Justicia aunque no es utilizado en ninguna de las naciones en las que se reconoce la vigencia de la democracia republicana. Por supuesto que en otros países los grupos que gobiernan gozan de un poder absoluto como ocurre en Venezuela, China, Rusia y gran parte de Africa, por ejemplo.

La reciente condena judicial de que fue objeto Cristina Kirchner ha motivado entonces una reacción con agresiones verbales que generó un clima de violencia sobre los funcionarios judiciales como no se recuerda en la Argentina.

Y el escrache al fiscal Diego Luciani con la intervención de reconocidos allegados al oficialismo, contribuye a profundizar la grieta.