Condenaron a De Vido y Jaime por la compra de trenes chatarra

El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó ayer a 8 años de prisión al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito mientras era funcionario público y por irregularidades en la compra de material ferroviario en desuso a España y Portugal, hecho por el cual también fue condenado, a cuatro años de prisión, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La sentencia condenatoria contra los ex funcionarios kirchneristas fue dictada por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, Ricardo Basílico que el 2 de junio a las 18 darán a conocer los fundamentos, según informaron fuentes judiciales. En el juicio intervino como fiscal Gabriela Baigún.

En relación a Jaime, el tribunal lo señaló como autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como autor del delito de cohecho, en el marco de la causa por la compra de trenes a España y Portugal.

Para la Justicia, el ex secretario de Transporte se enriqueció de forma ilegal mientras ejercía la función pública al mismo tiempo que, desde el cargo que detentaba, cobró coimas para que se llevara a cabo la compra de material ferroviario fuera de uso a los dos países europeos.

Ricardo Jaime

El TOF 6 también condenó a 5 años y 8 meses de prisión a Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime, por considerarlo partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso material con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho.

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Para la Justicia, las coimas por las cuales fue condenado Jaime fueron canalizadas a través de empresas que manejaba Vázquez.

Entre los condenados también se encuentra Julieta Cecilia Jaime, hija del ex funcionario, quien recibió una pena de ejecución en suspenso (2 años y cuatro meses de prisión), porque los jueces consideraron que fue participe necesaria del enriquecimiento de su padre.

El ex ministro De Vido fue condenado a la pena de cuatro años de prisión sindicado como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de los trenes a España y Portugal, iniciada en el 2005.

La fiscal -al abrir su alegato- afirmó que “Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Baigún hizo una introducción en la que además de asegurar que tiene probado el enriquecimiento, dijo que era “pobre” cuando llegó al cargo pero eso cambió porque “los favores de los empresarios no tardaron en llegar”.

Julio De Vido

La fiscal concluyó que Jaime “intentó disimular su crecimiento patrimonial mediante testaferros”. Por eso señaló que “se ha probado que Jaime se enriqueció de manera apreciable e injustificada cuando fue funcionario público”. Baigún calificó al expediente iniciado por el crecimiento patrimonial de Jaime como “un caso de libro sobre los funcionarios que se enriquecen”. Entre los bienes que se le detectaron a Jaime -algunos de ellos ordenó decomisar el TOF 6- se encuentran un yate, un departamento en la avenida Figueroa Alcorta, un hotel y una casa en Carlos Paz, Córdoba y un avión de cuatro millones de dólares.

En el mismo juicio, que comenzó en abril de 2019, Jaime fue acusado por una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas. El ex funcionario kirchnerista además había llegado a juicio por el uso de manera personal de dos autos que estaban asignados a una obra vial y al OCCOVI. Igual recorrido judicial hizo Claudio Uberti, ex director del OCCOVI. La fiscal había planteado la prescripción de esos casos. El Tribunal Oral Federal 6 determinó que esos casos prescribieron por lo que Jaime, Uberti y los imputados en el caso del Belgrano Cargas fueron sobreseídos.

Jaime, detenido desde abril de 2016 continuará en la cárcel de Ezeiza, debido a que el TOF 6 consideró que debe cumplir su condena en prisión.

De Vido está en su domicilio a la espera de lo que determine la Corte Suprema por la causa de la Tragedia de Once