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Política y Economía |Tras el cierre de las audiencias públicas de la secretaría de energía

Las nuevas tarifas de luz y gas regirían en dos meses

Aunque se anunció que las subas y quita de subsidios se implementarían desde junio, las empresas dicen que podría dilatarse

Las nuevas tarifas de luz y gas regirían en dos meses

Por la forma de facturación, los cambios en tarifas se demorarían

15 de Mayo de 2022 | 03:33
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Tras el cierre de las audiencias públicas que la Secretaría de Energía realizó entre el martes y jueves pasado para debatir la segmentación en el otorgamiento de los subsidios para los servicios de gas y electricidad, además de la actualización de las tarifas, trascendió que los nuevos precios comenzarían a regir a principios de junio. Sin embargo, esa fecha podría demorarse por al menos dos meses.

La estimación de las empresas es que los nuevos valores recién comiencen a verse reflejados en las facturas de agosto. En tanto, según explicaron, una vez asentados los nuevos cuadros tarifarios, para la facturación se tiene en cuenta un ciclo de dos meses, que es el período de lectura de los medidores, y se divide en dos pagos.

Además, según destacó el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, “la segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías”, lo que llevaría al menos ocho semanas.

Entre los principales problemas para la puesta en marcha de los ajustes está la dificultad para comprobar que el titular que figura en la factura sea realmente el beneficiario.

Por otra parte, desde la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) advirtieron que para poder aplicar los nuevos cuadros “se requiere adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses, 60 días como mínimo”.

En cuanto a la electricidad, las subas propuestas para la región del AMBA fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social; en tanto que se elevó a 6,88% para los usuarios subsidiados. En lo que respecta al gas, los usuarios subsidiados no tendrán sumas programadas, en tanto, para el segmento medio, variarán de 18, 5 a 25,5 % según los lugares de residencia.

Durante las audiencias, el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, planteó que el actual esquema de subsidios a la energía es “pro-rico” y que “hay margen para mejorar la eficiencia distributiva” al presentarse el beneficio de manera “uniforme para todos los usuarios sin atender a su situación socioeconómica”.

“Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura” y “el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”, manifestó.

En este sentido, durante las audiencias se decidió que los usuarios de mayor poder adquisitivo dejarán de percibir subsidios y empezarán a pagar el total del servicio, lo que implicaría aumentos en las facturas de hasta un 150%. Según estimaciones de las empresas, serán alrededor de 925 mil usuarios los que dejarán de recibir los beneficios energéticos, mientras que alrededor de 760 mil los que empezarán a abonar la factura de gas a pleno.

Según un informe publicado en las últimas horas, la propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (unos $313.916 en marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves. En el AMBA, además, dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago.

Con respecto a los beneficiarios de la tarifa social y quiénes mantendrán los niveles de subsidios, serán las personas que vivan en los barrios populares, además de titulares de programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros.

 

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