El presidente de Perú, Pedro Castillo, será investigado por el Ministerio Público nacional, a pedido del fiscal Pablo Sánchez. Allí se buscará determinar si el mandatario tiene un rol en una organización criminal. También se investigarán los delitos de “tráfico de influencias agravado y colusión agravada”.
Según se informó de manera oficial, Pedro Castillo será investigado pero hasta que termine su mandato no podrá ser acusado penalmente. Desde el Ministerio Público de Perú destacaron que el mandatario fue “notificado”.
La Constitución Nacional peruana, en el artículo 117, garantiza que los máximos mandatarios pueden ser investigados pero no acusados penalmente en ciertos delitos. Los que se investigan a la fecha forman parte de estas “excepciones”.
La causa que lleva adelante el fiscal Pablo Sánchez comenzó a principios de mayo contra el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular. Ante la gravedad de las denuncias, se decidió incluir a Pedro Castillo.
La fiscalía peruana va detrás de una posible “red criminal que operó en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones” y que podría estar a cargo del máximo mandatario. La organización criminal tendría una “estructura vertical”, dividida en dos grupos.
Uno de ellos estaría encargado de “captar y negociar” con altos empresarios, en donde estaría involucrado el Secretario General de la Presidencia, Bruno Pacheco, además de Fray y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente. El segundo grupo se encargaría de concretar los negociados.
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