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La Justicia condenó ayer a prisión perpetua a cumplir en cárcel común a cuatro exmilitares del Ejército por los llamados “vuelos de la muerte” de la última dictadura militar, operativos que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos, como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más grande del país, o en Campo de Mayo.
La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín contra el exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el exoficial de operaciones de esa dependencia Eduardo María Lance.
Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenaron analizar el estado de salud de los condenados -quienes cumplen prisión domiciliaria- para determinar si están en condiciones de ir a una cárcel común a cumplir la sentencia, como lo pidió la Fiscalía.
En 2017, la Justicia ya había condenado por los “vuelos de la muerte” a una treintena de acusados, también a varios de ellos a prisión perpetua, entre los que sobresalían los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta.
El juicio por esa “megacausa” duró cinco años y pasaron por el debate alrededor de 800 testigos. Se debatieron los vuelos que perpetró el Ejército. El fiscal Marcelo García Berro dijo que los acusados cometieron privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.
Los casos abordados por el TOF fueron los de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace.
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Estas personas fueron secuestradas entre 1976 y 1977, las trasladaron al centro clandestino de detención “El Campito”, en Campo de Mayo y allí las torturaron. Finalmente las subieron a aviones y las arrojaron al mar o al Río de la Plata.
Los cuerpos de estas víctimas aparecieron en la zona de Punta Indio.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, destacaron que gracias a los testimonios de exconscriptos, que relataron lo que vieron en Campo de Mayo entre 1976 y 1977, se pudo probar durante el debate el funcionamiento de “esta maquinaria planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas”.
El TOF 2 de San Martín encontró a los exmilitares culpables del allanamiento ilegal y del secuestro, tormentos y homicidio.
Entretanto, el tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que los incorpore al programa de vigilancia electrónica y que se les proporcione los dispositivos de geolocalización pertinentes.
En el caso puntual de Riveros, que ya acumula 16 sentencias a perpetua por su vasto poder de influencia sobre todo lo que acontecía en Campo de Mayo, se encuentra en libertad condicional, aún no efectiva, dado que todavía se encuentra a disposición de un tribunal en Comodoro Py.
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