Juicio político a la Corte: duro rechazo de los empresarios

Un nutrido grupo de empresarios argentinos salieron ayer a pronunciarse en contra del proyecto del gobierno para impulsar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que el Congreso prevé abordar desde la semana que viene en extraordinarias.

A través de un comunicado, unos 500 ejecutivos y profesionales pidieron al Congreso que no trate la iniciativa porque su avance frenaría la inversión privada. En esa línea, destacaron que el respeto por la división de Poderes y el acatamiento de las sentencias “es fundamental para el desarrollo de la economía”.

Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).

También la suscribieron Alejandro Elsztain (Cresud), Luis Bameule (AEA), Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Eduardo Caride, Javier Goñi (Ledesma), Juan Vaquer (Dupont), Silvia Bulla (Danisco), Nicolás Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani. Además, se sumaron Miguel Blanco (Swiss Medical), Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), César Litvin y Santiago Mignone (PwC), Guillermo Lipera (Idea), Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad) y Juan Vaquer (Dupont - ACDE), entre otros.

A lo largo de una carta de 17 páginas, los 500 empresarios y profesionales pidieron a los diputados nacionales que integran la comisión de Juicio Político que “desistan del intento de juicio a los jueces de la Corte Suprema”.

Y en esa línea, definieron que la institucionalidad es clave para el desarrollo de la economía: “La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país”, indicaron.

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Y advirtieron que “el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”.

“DESATINO INSTITUCIONAL”

La asociación empresarial consideró que es un “desatino institucional”, el “iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional”.

Y en esa línea, insistieron en el freno a las inversiones privadas a causa de la acción política. “Nos pone en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”, afirmaron.

Y se preguntaron: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”, se preguntaron.

En las últimas horas, el oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación oficializó el proyecto del pedido de juicio político a los miembros de la Corte, proceso que se llevará a cabo en extraordinarias y donde pedirá citar a los cuatro jueces del máximo tribunal y a otros 44 testigos.

Suscripto por más de una docena de legisladores del Frente de Todos, el proyecto ya ingresó al Congreso. Es por eso que este grupo de empresarios emitió el comunicado en el que pide “evitar una turbulencia política injustificada”.

“Los firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”, expresaron.

Días atrás, el Foro de Convergencia Empresarial también emitió un duro comunicado que cuestionaba la posición del Poder Ejecutivo en su relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La entidad consideró como “un ataque a la independencia del Poder Judicial”.

También, hubo pronunciamientos en contra de la iniciativa, aprobada por el Senado de la Nación, para aumentar la composición de la Corte de 5 a 15 miembros. Así se manifestó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), al expresar su “honda preocupación” y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina), al indicar que “si bien el servicio de justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros”.

Además. la Asociación Empresaria Argentina (AEA) señaló “la imperiosa necesidad de que en nuestro país se acate plenamente el Estado de Derecho y la División de Poderes que establece la Constitución Nacional”.