VIDEO.- Filtran cómo "Chocolate" Rigau sacaba el dinero del cajero de 7 y 54 con las 49 tarjetas de débito de la Legislatura

Mientras que la Suprema Corte bonaerense ya tomó intervención en el escándalo por las tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense, en las últimas horas se filtran los videos en los que se muestra a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ acusado de vaciar cuentas de falsos empleados, extrayendo más de 1 millón  pesos del cajero automático de 7 y 54. 

Como viene informando EL DIA, todo ocurrió el sábado 9 de septiembre por la tarde, cuando Rigau iba de máquina en máquina para sacar de a 30.000 pesos con los 49 plásticos con los que más tarde cayó detenido por la policía. En su poder también se le incautaron 1.260.000 pesos.

En las imágenes se lo observa colocando tarjeta por tarjeta de supuestos trabajadores y extrayendo la gran suma de dinero de la céntrica sede del banco Provincia. Según consta en el acta policial, estuvo alrededor de 20 minutos haciendo la misma operatoria con las tarjetas de débito, mientras otras personas también estaban en el lugar. Y fue justamente una de ellas la que lo terminó denunciando para que un patrullero concurra al lugar y comience el escándalo que sacude a la Legislatura bonaerense.

Estos videos no harían otra cosa más que validar el testimonio del testigo que denunció que "Chocolate" sacaba de los cajeros el dinero con las 49 tarjetas que tenía en su poder.

El escándalo de las tarjetas de la Legislatura, en la Suprema Corte

Tal como informó este diario en su edición impresa de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ya analiza la denuncia contra los jueces que liberaron a Rigau. Se pudo saber de fuentes judiciales que la presentación penal que el lunes formularon los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talarico y Javier Iguacel contra los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, fue remitida ayer por la Procuración General bonaerense a la oficina de Control Disciplinario del más alto tribunal de la Provincia. Ahora, resta investigar si hay elementos suficientes para iniciar un sumario contra los camaristas que, bajo el argumento de que la detención policial de Rigau fue “irregular”, anularon el caso y le habrían restituido el dinero y las tarjetas al acusado.

En paralelo, interviene el titular de la UFI N°6 de La Plata, Juan Mennucci, quien ya reclamó una copia del caso a la UFI N° 2, que es la que indaga sobre el entramado de corrupción de las tarjetas de débito que tenía Rigau en su poder. Por su parte, el fiscal ante la Cámara de Casación Héctor Vogliolo ya hizo reserva ante la Cámara y avisó que va a apelar (tiene 20 días para hacerlo) el fallo que liberó a “Chocolate”.

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Mientras, y hasta tanto se revise la polémica decisión, desde la fiscalía a cargo de Betina Lacki se habrían recogido declaraciones de damnificados. Según trascendió, al menos 16 de los 48 dueños de las tarjetas de débito dijeron no saber que estaban contratados en la Legislatura como empleados.

Otros testigos habrían contado que ellos entregaron sus tarjetas para que otros sacaran el dinero y les daban a cambio un recibo por trabajo en blanco, con obra social y aportes, pero solo cobraban una pequeña suma de lo que les depositaban. De acuerdo a lo que trascendió en ámbitos judiciales, el salario promedio era de unos 400.000 pesos al mes y por cada tarjeta “Chocolate” podía sacar $30.000 en cada extracción.

Para avanzar en la línea de responsabilidades, el titular del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, Guillermo Atencio, habría recibido un pedido de autorización de la fiscalía para abrir el teléfono celular del electricista y “puntero”, una “caja de Pandora” de la que podrían emanar mensajes que podrían develar vínculos con la política.

Primeras reacciones políticas al caso

Al juzgado de Atencio llegó también la solicitud de Poder Ciudadano, un organismo sin fines de lucro que lucha contra la corrupción, para constituirse como querellante particular damnificado y apelar la anulación del caso.

La ONG argumentó que en sus estatutos está la misión de “apoyar e impulsar proyectos o investigaciones tendientes a lograr una mayor transparencia y eficiencia de los procedimientos judiciales y/o administrativos” y que tiene un legítimo interés y “compromiso en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, lo que sin dudas, incide y comprende a la labor judicial”.

“La corrupción no tiene por principio una víctima individualizable, sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas. Bajo esta concepción se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contra cara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación”, concluye el escrito de Poder Ciudadano.

En tanto, desde la UFI Nº 6, indicaron: “Las primeras medidas tienen que ver con determinar qué se puede investigar. Lo que el fiscal no puede hacer es investigar sobre lo que ya se está investigando porque la causa se declararía nula. Lo que sí puede hacer es iniciar una investigación nueva sobre personas que estén vinculadas indirectamente a la causa y no sean investigadas por la UFI N°2”.

El celular de "Chocolate", en la mira

Se aclaró además que el pedido de López Murphy, Iguacel y Talerico para iniciar un jury de enjuiciamiento contra los magistrados que dejaron en libertad a “Chocolate” no le incumbe a la Fiscalía. Pues eso, como se dijo, ya es materia de investigación de la Suprema Corte.

En su presentación, los denunciantes opositores advierten que “es evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos, que se han organizado para defraudar al Estado”, a la par que califican de “aberrante” la anulación de la causa por parte de los camaristas, lo que pondría al descubierto “un posible contubernio con la política, desmoraliza a la policía y para el imaginario popular muestra a la justicia como cómplice”.

Al mismo tiempo, la denuncia señala presuntos vínculos de “Chocolate” Rigau con el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Además, pone la lupa en el presupuesto de 62.152.000.000 pesos de la Legislatura: 36.500.000.000 pesos para las 96 bancas de la Cámara Baja, lo que representa 396.000.000 pesos anuales por diputado; y 25.652.000.000 pesos para 46 senadores, lo que implica algo más de 557.000.000 pesos anuales por escaño.

Tras remarcar que en todo el año el Palacio Legislativo provincial sesionó apenas una vez, el texto opositor exige a la Justicia “investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura, a la luz de la posible comisión de hechos ilícitos y fraudulentos en el manejo del dinero público”.

Cabe destacar que tras el largo paréntesis, está previsto que el Senado provincial sesione mañana por segunda vez en el año. La agenda de temas, que en principio no incluiría cuestiones de impacto político, será definida hoy en la comisión de Labor presidida por la vicegobernadora Verónica Magario.