De la mano de un impuesto a multinacionales podría llegar el final de los paraísos fiscales

Las grandes empresas multinacionales están sujetas por primera vez a un impuesto mínimo global, con la implementación de una reforma fiscal transfronteriza que pretende recaudar hasta 220.000 millones de dólares anuales adicionales.

Casi tres años después de que 140 países llegaran a un acuerdo para colmar lagunas evidentes en el sistema internacional, algunas de las principales economías empezarán a aplicar a partir de este mes una tasa impositiva efectiva de al menos el 15% sobre los beneficios empresariales.

En virtud de una serie de regulaciones interrelacionadas, si los beneficios de una multinacional se gravan por debajo de esta tasa en un país, otros países podrán aplicar un gravamen complementario. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que impulsó las reformas, calcula que aumentarán los ingresos fiscales anuales hasta en un 9%, es decir, U$S220.000 millones en todo el mundo.

Jason Ward, analista principal de responsabilidad fiscal corporativa del grupo de presión CICTAR, elogió el “diseño superinteligente” de la reforma. “Reducirá los incentivos de las compañías para utilizar paraísos fiscales y los incentivos de los países para ser paraísos fiscales”, dijo, añadiendo que “frena seriamente lo que era una carrera hacia el abismo”.

La primera oleada de jurisdicciones que aplicarán el impuesto mínimo global a partir de enero incluye a la Unión Europea (UE), Reino Unido, Noruega, Australia, Corea del Sur, Japón y Canadá. Las regulaciones se aplicarán a las compañías multinacionales con un volumen de negocios anual superior a 750 millones de euros.

Participarán varios países que las multinacionales consideran desde hace tiempo paraísos fiscales, entre ellos Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Barbados, que anteriormente tenía una tasa del 5,5% en la tasa impositiva corporativa.

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Ni EE.UU. ni China han presentado aún legislaciones al respecto a pesar de haber apoyado el acuerdo en 2021. Pero las reformas globales están diseñadas para que, aun así, tengan un impacto significativo.

El acuerdo supervisado por la OCDE en 2021 consta de dos “pilares”. El primero pretende que las compañías multinacionales paguen más impuestos en la jurisdicción donde hacen negocios, mientras que el segundo establece una tasa impositiva corporativa mínima global.

Las regulaciones implican que una vez que algunas naciones introduzcan la tasa global, otros países tendrán un incentivo para hacerlo porque, de lo contrario, las naciones participantes pueden recaudar impuestos a su costa.

“El segundo pilar sólo necesita una masa crítica de países que lo apliquen”, dijo Pascal Saint-Amans, exdirector de fiscalidad de la OCDE. “Nadie ha encontrado una solución mágica que pueda evitarlo”.

Aunque mucho depende de la aplicación y de la respuesta de las compañías multinacionales, los análisis preliminares sugieren que los países participantes que albergan importantes beneficios empresariales sujetos a bajos impuestos serán los primeros beneficiados.

“La gente no estaba pensando en recompensar a Irlanda por ser un paraíso fiscal”, dijo Ward. “Pero eso podría ser una consecuencia no deseada”.

Manal Corwin, responsable de fiscalidad de la OCDE, le dijo al Financial Times que el seguimiento del destino de los ingresos adicionales en las primeras etapas sólo representaría una “instantánea” de las reformas.

“Esto cambiará con el tiempo”

“Esto cambiará con el tiempo”, afirmó Corwin. “La huella futura es el valor de lo que se está implementando”. Así, dijo que, mediante la eliminación de las distorsiones del sistema, espera en última instancia que se paguen más impuestos en “el lugar donde se realizan las actividades económicas”.

También se espera que la introducción de las reformas aumente la competencia fiscal entre jurisdicciones a través de créditos, ayudas o subvenciones.

La OCDE confirmó el año pasado que los cálculos del impuesto mínimo global ofrecerán un trato más favorable a determinados créditos fiscales, en particular algunos créditos transferibles recogidos en la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU.

Will Morris, jefe de política fiscal global de PwC US, dijo que los centros de inversión podrían recaudar ingresos fiscales adicionales bajo el nuevo régimen y “devolvérselos a las empresas” mediante otra rama del gobierno.

“No se acabará la competencia fiscal; se desplazará hacia las subvenciones y los créditos”, dijo Morris.

Según Morris, esta dinámica llevaría a muchos países a recaudar menos impuestos de lo previsto por la OCDE, y le preocupaba que se culpara a las empresas. “Habrá más preocupación por parte de los países de que las empresas hayan estado planeando estrategias fiscales de nuevo, en lugar de suponer que las estimaciones de ingresos son incorrectas”, dijo.

Las negociaciones del acuerdo incluyeron otras exenciones, como una excepción para la “sustancia”, para que las regulaciones no desincentiven la inversión en activos tangibles como fábricas y maquinaria.

Esta excepción ha suscitado críticas porque puede permitirles a las compañías pagar impuestos por debajo de la tasa del 15% si tienen suficiente actividad real en países de bajos impuestos.

Valentin Bendlinger, académico especializado en el impuesto mínimo global, dijo que, aunque la complejidad de las normas hacía inciertos sus efectos sobre los ingresos, esperaba “una monstruosidad de cumplimiento tanto para las administraciones tributarias como para las multinacionales”.

Ni EE UU ni China tienen legislaciones al respecto a pesar de haber apoyado el acuerdo en 2021