Fallos por expropiaciones y default complican la estrategia de Javier Milei

Las prolongadas disputas legales de Argentina con muchos de sus antiguos inversores están llegando a su punto álgido, y los miles de millones de dólares en indemnizaciones que están en juego podrían complicar los intentos del Presidente Javier Milei de arreglar la deteriorada economía del país.

Los juicios por decisiones hechas en gobiernos anteriores, desde expropiaciones a los cambios en el pago de bonos, están avanzando en los tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes presionan al Gobierno para que negocie.

Aunque Milei afirma que pagará las obligaciones de su país, a puerta cerrada los funcionarios advierten que el Gobierno luchará hasta las últimas consecuencias para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina.

“Desgraciadamente para Milei, ahora está estallando un tsunami de juicios que se han ido acumulando durante dos décadas, con sentencias definitivas en todos los casos [importantes] que vencen en sus cuatro años de mandato”, dijo Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors.

Maril estima que las indemnizaciones en los casos en curso contra Argentina podrían ascender a U$S31.000 millones sin intereses, aunque fuentes gubernamentales argumentaron que la cifra era “altamente especulativa”, ya que incluye más de U$S12.000 millones en indemnizaciones estimadas por demandas sobre las que los jueces aún no se han pronunciado.

La mayor sentencia, con diferencia, es la de U$S16.000 millones que un tribunal de Nueva York concedió el año pasado a los antiguos accionistas minoritarios de la empresa energética YPF, controlada por el Estado y expropiada por Argentina en 2012. Argentina ha presentado un recurso de apelación, alegando que la decisión del tribunal neoyorquino fue errónea y que la indemnización fue “excesivamente elevada”.

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Los demandantes están financiados en gran parte por el fondo de litigios Burford Capital.

También se están acumulando silenciosamente otras demandas. El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido rechazó el pedido de apelación de Argentina contra una sentencia de U$S1.500 millones por los cambios introducidos en la forma de calcular el PBI del país, que redujeron los pagos de sus bonos ligados al crecimiento. El Gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentarse a una acción de ejecución.

En agosto, un tribunal estadounidense se negó a anular un laudo arbitral de U$S340 millones sobre la expropiación de Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno argentino en 2008. Otro tribunal estadounidense dictaminó que un grupo de ‘holdouts’ de la quiebra soberana de Argentina en 2001 puede recuperar tres cuartas partes de un laudo anterior de U$S417 millones embargando algunos fondos argentinos depositados en EE.UU.

La administración Milei ha criticado duramente a los gobiernos peronistas que tomaron esas controvertidas decisiones políticas y se ha comprometido a despojar al país de su reputación de defaulteador serial.

“Las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país”, escribió el jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, en X tras la decisión de la Corte Suprema británica.

Pero Argentina no tiene dinero para pagar. El Banco Central tiene ínfimas reservas de divisas fuertes, y ya se pregunta cómo hará frente a los más de U$S14.000 millones en reembolsos de deuda soberana que debe a tenedores de bonos y prestamistas multilaterales el año que viene.

Jaime Reusche, vicepresidente y responsable de crédito de Moody’s Investors Services, dijo que las sentencias aumentaban la presión sobre la limitada capacidad de Argentina para hacer frente a los pagos externos, la principal razón por la que Moody’s aún no ha mejorado la calificación crediticia del país, la más baja del mundo, a pesar de las mejoras macroeconómicas de Milei.

“Hay un 50% de posibilidades de que el Gobierno argentino pueda cumplir sus compromisos en los próximos dos o tres años”, afirmó. “La perspectiva es tan sensible que si cambian un par de variables, pueden necesitar renegociar los pagos de la deuda, y estos juicios son un pasivo contingente muy real”.

Los funcionarios argentinos afirman que agotarán las posibilidades legales para proteger el erario público. Esto se aplica tanto a los casos sin sentencia firme como a las sentencias por valor de casi U$S2.400 millones cuya decisión ya no puede recurrirse, pero cuya ejecución aún puede impugnarse.

“Ejerceremos nuestro derecho a proteger nuestros activos como haría cualquier soberano”, dijo un funcionario del Gobierno. “A nadie le gusta mantener abiertos los litigios, pero tenemos muchas exigencias sobre nuestros recursos, especialmente dadas las limitaciones del sector fiscal, que los acreedores judiciales conocen bien”.

Los críticos del Gobierno argumentaron que las declaraciones de Milei, como un reciente post en X que se refería a “la expropiación ilegal de YPF”, estaban enturbiando las aguas en ese caso y podrían perjudicar las posibilidades de Argentina de prevalecer en la apelación.

Los demandantes en el caso YPF han intentado que Argentina negocie un acuerdo, pero el Gobierno no ha participado en esos esfuerzos.

Quienes abogan porque la Argentina se siente a la mesa de negociación dicen que una batalla interminable aumentaría los intereses, mientras que los intentos de confiscación de activos avergonzarían a Argentina, socavando el esfuerzo de Milei por atraer la tan necesaria inversión extranjera.

“Patear la pelota para más adelante nunca nos ha salido bien, porque casi siempre perdemos en estos casos”, dijo Maril, señalando que Argentina ya había pagado u$s17.000 millones desde 2000 a tenedores de bonos morosos, accionistas expropiados y otros.

Marcelo García, director para las Américas de la empresa de inteligencia Horizon Engage, dijo que el juicio había pesado en las decisiones de los inversores al poner de relieve el grave problema de liquidez de Argentina. Pero añadió que sería más difícil que en el pasado para los demandantes “convertir a Argentina en un paria internacional” cuando Milei está haciendo muchas reformas exigidas por los inversores.

Los demandantes que estaban presionando para cobrar rápidamente deberían esperar, dijo el funcionario del gobierno argentino.

“Para el sector privado no siempre resulta evidente cómo el gobierno lidia con estos reclamos. No podemos sacrificar el patrimonio a corto plazo como haría una empresa, porque un Estado no puede entrar en quiebra. No tenemos los mismos plazos”, dijeron. “Pero sí queremos que se resuelvan los problemas, de la forma más rápida y eficaz posible”.

Los demandantes en muchos de los casos están buscando activos argentinos para embargar en lugar del pago. Los expertos dicen que eso será difícil, ya que los pocos activos que se mantienen en el extranjero, como las propiedades diplomáticas o las participaciones del banco central, están protegidos contra el embargo en la mayoría de las jurisdicciones.

Hay excepciones. Durante la batalla de 15 años del hedge fund estadounidense Elliott Management para cobrar bonos argentinos impagados, Dennis Hranitzky, actual responsable de litigios soberanos y prácticas de recuperación de activos globales del estudio de abogados Quinn Emanuel, consiguió embargar U$S70 millones de Argentina. Su equipo también incautó brevemente un buque naval argentino (la Fragata Libertad) en el puerto de Ghana en 2012, lo que puso en aprietos a Buenos Aires, pero fue liberado poco después.

El equipo de Hranitzky también identificó los U$S312 millones de fondos estatales argentinos depositados en Nueva York que un tribunal de apelación estadounidense dictaminó en agosto que debían entregarse a los holdouts.

“Llevo 22 años haciendo esto y puedo decir por experiencia que, aunque cobrarle a Argentina no es fácil, se puede hacer”, dijo Hranitzky.

Las sentencias contra Argentina se centran en varios tribunales de los Estados Unidos