En un año, el gasto en los servicios públicos se “quintuplicó” en el AMBA

El poder adquisitivo de las familias argentinas, en especial del área metropolitana, sufrió este año un golpe demoledor por la decisión de reducir los subsidios y actualizar los precios. Según un informe privado, el gasto en servicios públicos en una vivienda del AMBA se quintuplicó en un año, desde que asumió Javier Milei como presidente. Esta es la consecuencia del ajuste fiscal que emprendió el Gobierno, que aumentó las tarifas y bajó un 38% los subsidios a la energía, el transporte público y el agua para alcanzar el superávit fiscal y frenar la inflación.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio de la Ciudad o el Gran Buenos Aires que está categorizado como Nivel 1 (N1) de la segmentación -el de mayores ingresos y/o patrimonios o aquellos que no pidieron o renunciaron a la ayuda del Estado- gastará este mes $ 143.819 para pagar la luz, el gas, el servicio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y posibles viajes en colectivos.

Esa misma canasta en diciembre de 2023 tenía un costo de $28.651. Se trata de un aumento interanual del 402% nominal o de aproximadamente 130% en términos reales (descontado el efecto de la inflación) en un año.

El kirchnerismo había atrasado las tarifas -precios regulados- entre 2019 y 2023 como método de “combate” a la inflación. A un costo social enorme, resolver estos desequilibrios heredados fue una de las principales tareas de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aunque todavía resta una parte del camino para 2025: la normalización regulatoria de los mercados energéticos, con nuevas subas de tarifas pendientes.

El mayor incremento ocurrió este año con las tarifas del transporte, donde los boletos treparon un 601% -se multiplicaron por siete-. El gas tuvo una fuerte suba a partir de abril y en este período saltó un 531%; y la energía eléctrica comenzó en febrero, con un 268% en doce meses.

Sin embargo, esta cobertura es dispar entre los distintos segmentos de hogares y entre servicios. Es que mientras los hogares N1 pagan en promedio el 100% de los costos de abastecimiento del agua, 93% de la luz, 85% del gas y 31% del transporte, los N2 (Nivel 2, de ingresos bajos o en situación de pobreza) apenas cubren el 26% del costo eléctrico y el 31% del gas.

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Esos esquemas de segmentación serían eliminados por el Gobierno antes del 9 de julio de 2025, para pasar a un sistema de asistencia directa a los hogares más vulnerables, mediante una “tarifa social”.

La canasta de servicios públicos del AMBA de diciembre representa el 11,9% del salario promedio registrado estimado para este mes.

Un año atrás, el peso de este gasto era de 5,9% sobre el salario, por lo cual se duplicó en 12 meses.

El pico ocurrió en junio, con el 14,5%, por el efecto del mayor consumo de gas, tarifas que eran más altas y se fueron atrasando lentamente a lo largo del segundo semestre del 2024, y salarios que progresivamente le empezaron a ganar de a poco a la inflación en los últimos 6 meses.

Mientras tanto, persisten amplias disparidades entre el AMBA y el Interior del país. Mientras un boleto mínimo de colectivo en Buenos Aires cuesta $ 371,13, el promedio nacional es de $ 1.047,41, y en la ciudad de Bariloche, Río Negro, alcanza un pico de $ 1.613.