El Gobierno aún está a tiempo de recomponer políticamente

El equipo político, si es que existe, del presidente Javier Milei o quizás él mismo parecen dispuestos a derribar todos los puentes que pueden utilizar para acercar a los sectores que coinciden en aspectos esenciales con su pensamiento. Aparentemente cualquier disenso es considerado como producto del enemigo y así es como ha terminado por aislarse de gobernadores, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), entre otros, que en aspectos fundamentales coinciden con las iniciativas tendientes a lograr el equilibrio presupuestario del Estado, las privatizaciones de algunas empresas y la reforma de la legislación laboral.

Es cierto que esos dirigentes como muchas otras respetadas personalidades no aceptan ser sometidos a la incondicionalidad y creen que puede haber matices diferentes, aun cuando en las cuestiones esenciales estén muy cerca de las ideas que el Presidente expone. Pero, por supuesto, están obligados a negociar para cubrir las necesidades aun de las provincias más ricas, que son espoliadas por el poder central.

El Estado nacional absorbió en las últimas décadas recursos en un porcentaje cada vez mayor del producto bruto interno y ante esa situación hasta ahora el presidente Milei parece dedicado a maximalizar los ingresos del gobierno nacional, con el consecuente incremento de la carga impositiva, sin que se haya percibido una reducción importante del gasto de la política y mucho menos producto de una reestructuración que signifique disminuir el elevadísimo costo del Estado, cuya ineficacia es paradigmática.

Negociar no significa abandonar principios

Es cierto que en la Argentina una nueva situación, de la que no hay antecedentes, condiciona al Poder Ejecutivo como nunca antes había ocurrido. Sin una estructura política de soporte y con una muy escasa representación del oficialismo en el Congreso, necesariamente debe negociar sin que ello signifique abandonar sus principios, que por cierto no es una exigencia de la oposición dialoguista a la que ha maltratado una y otra vez.

La insistencia de sus allegados de que el 56% del electorado se pronunció a favor de su programa de gobierno es un tanto engañosa. En realidad, tiene el mérito de haber logrado el apoyo de un tercio de los votantes sin realizar ninguna promesa demagógica, todo lo contrario. Pero como en todos los ballotages, cuando los votantes deben elegir entre dos candidatos, un alto porcentaje lo hace en contra del otro candidato a presidente por arriba de coincidencias y discrepancias del que perciben como un mal menor. Al contrario, los gobernadores no fueron elegidos a través de ballotages y en muchos casos entre varios candidatos con el apoyo de partidos que protagonizaron buena parte de la historia de sus distritos. Esos mandatarios no ocultaron sus coincidencias, vale la pena repetirlo, con Milei y más aún en sus provincias el anarco liberal obtuvo resonantes victorias que los mandatarios no pueden ni quieren desconocer, aceptando como valido el pronunciamiento de quienes se inclinaron por el ahora presidente.

La impericia de los partidarios del Gobierno en el Congreso llegó a tal grado que debieron reconocer que no sabían de la existencia de una norma, que cuando un proyecto de ley vuelve a comisión deberá nuevamente ser sometido a la consideración de la Cámara correspondiente. Pero, además, muy influyentes legisladores repetidamente se quejaron de la falta de un interlocutor válido para expresar sus opiniones al oficialismo y encontrar los caminos que allanen la superación de diferencias para las que había caminos intermedios que podían conformar a las dos partes.

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Los intereses regionales

Aun en democracias presidencialistas como la de Estados Unidos presidentes cuyos partidos detentan la mayoría en las cámaras de diputados y senadores deben negociar con los gobernadores que forman sub bloques en defensas de intereses económicos regionales o a veces de principios, como le ocurrió nada menos que a Franklin D. Roosevelt cuando quiso ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de EE.UU. y senadores y diputados de su partido no lo aceptaron. Más aun la existencia de los lobbies es legalmente reconocida y los titulares de esas organizaciones deben inscribirse como tales para realizar gestiones en el Congreso.

Es posible que la creciente influencia de Mauricio Macri convertido en un enemigo del gradualismo, al que se abrazó como presidente, sume a ello una manifiesta antipatía por el radicalismo, sin distinguir a unos de otros y la cerrada negativa a mantener al menos un dialogo con sectores del peronismo como cuando en 2015 le entregó a los gordos de la CGT la dependencia a cargo del control y la auditoria de las obras sociales. Fracasados sus intentos se cerró hasta el punto de que las últimas elecciones le dio un portazo al peronismo cordobés que ideológicamente coincidía en muchos aspectos con el ex presidente. Esa actitud de cerrarse fue la que logró imponer con Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, que se descontaba que inevitablemente ganaría para finalmente resultar tercero.

A fin de llevar a cabo la sustancial transformación de la Argentina que se propone Milei necesita un consenso social cuya columna de sostén no puede ser únicamente el PRO y los partidarios del Presidente. El mismo Fondo Monetario Internacional ha indicado varias veces que la factibilidad del plan económico depende de coincidencias entre importantes fuerzas políticas, dando a entender que una sola no podrá llevar a cabo la ambiciosa tarea.

Todavía se está a tiempo de recomponer relaciones con hombres influyentes de pasado intachable como Ricardo López Murphy, que planteó pacíficamente la necesidad de aclarar algunas disposiciones contenidas en la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia o con los nuevos líderes surgidos en las provincias y en decenas de municipios. Castigarlos por una discrepancia no es la mejor manera de lograr la fortaleza necesaria para cambiar la estructura económica del país, enfrentando a gravitantes poderes a través de los cuales se expresan las elites económicas, sindicales, políticas y hasta de la cultura en la que muchos pretendidos intelectuales obtienen privilegios.