Pelea de fondo: el Gobierno contra la CGT

La única certeza en la relación entre el gobierno y la CGT es que la misma está quebrada y casi sin retorno. La tensa negociación sin ningún acuerdo para establecer el nuevo salario mínimo, sumado a la decisión del Ejecutivo de desregular el sistema de obras sociales (un golpe para las cajas sindicales), aceleró además el debate interno en la la central obrera sobre su estrategia de confrontación con la gestión Milei: hay dirigentes que buscan apoyos para avanzar hacia un segundo paro general y otros sectores hablan de posturas más mesuradas porque creen que la primera medida -realizada en enero- no aportó ninguna ganancia real. Apuestan a abrir una negociación con enviados del Presidente.

En esa guerra de nervios, el único y módico triunfo gremial fue frenar judicialmente los cambios en la legislación laboral que el Gobierno había intentado a través del gigantesco DNU.

Lo dicho: hay un sector combativo que está dispuesto a lanzar un segundo paro general. Se anota allí, básicamente, el camionero Pablo Moyano. También el bancario Sergio Palazzo. No sería la posición de más consenso. En este sentido, sería mejor vista por estas horas una estrategia más prolongada y diversificada: medidas de fuerza decididas por sectores y actividades que están afectados por sus propias demandas irresueltas, no sólo por la lógica general del ajuste económico. Principalmente, pedidos de aumentos salariales.

Por ejemplo: el paro de trenes que ya anunció La Fraternidad para mañana -probablemente tenga conciliación obligatoria-; luego uno de colectivos en el AMBA de la mano de la UTA; más tarde uno de albañiles que paralice la construcción (UOCRA); el seguro inicio de clases con conflicto docente. Y así hasta cubrir varias actividades más, como para transmitir la sensación de descontento generalizado y la idea de efervescencia gremial. Desgaste.

Y, claro, continuar con los cuestionamientos judiciales a todo lo que huela a cambio de condiciones sindicales históricas a lo que se sumará, obviamente, una ligazón de resistencia con la política a través del peronismo, sobre todo el legislativo.

Lo blanqueó José Luis Lingeri, dirigente de Obras Sanitarias (hoy AySA): “No está hoy en los planes un paro general. Sí habrá paros sectoriales, como el de los maquinistas de trenes. Pero otro para general por ahora no, las paritarias están funcionando”, dijo.

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En el mundo sindical Lingeri forma parte de los autodenominados “independientes”, junto a Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (Uocra). Este sector se caracterizó siempre por tener diálogo y ser conciliador con cualquier gobierno de turno.

La estrategia “guerra de guerrillas” debería hablarse en una inminente reunión de mesa chica de la CGT, donde suelen reunirse: los secretarios generales Héctor Daer (Sanidad), el camionero Moyano y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), más los mencionados Martínez, Rodríguez y Lingeri, Mario “Paco” Manrique de SMATA y algunos otros.

Rige formalmente la protesta, hacia afuera, la pérdida del poder adquisitivo del salario, una realidad frente a la subida de la inflación. Ya fracasó una reunión del Consejo del Salario Mínimo: los gremios pidieron un 80% de aumento y los empresarios respondieron que no pueden aumentar debido a la severa recesión de la economía. El gobierno rechazó aquel 80% bajo la lógica general del ajuste: un aumento alto podría generar más inflación. Pero no bregó por ningún porcentaje testigo, como debería pasar en esa mesa tripartita. Se pateó todo hacia adelante.

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, diría después el presidente Milei en una entrevista radial. Por lo mismo, explica, no cree en la paritaria nacional docente.

Más allá de lo formal, a los gremios los alarma la desregulación de las Obras Sociales (ver aparte), que ya de por sí están en problemas financieros hace años.

Ayer, mediante un comunicado, Lingeri salió al cruce de esa decisión oficial. “Si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6 millones de trabajadores opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual del sector”, alertó. Es un hombre con influencia histórica en la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

La desregulación es inminente. Lo confirmó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.