Alak pone la lupa sobre la asistencia social y auditará los comedores

Las auditorías en torno a irregularidades dentro de la municipalidad de La Plata no se agotaron con las denuncias que el intendente, Julio Alak, hizo sobre la planta de personal. Ahora la Comuna busca esclarecer la cantidad de comedores comunitarios que funcionan en los barrios, a los que asiste mensualmente con más de 15 millones de pesos.

El término “esclarecer” obedece a la siguiente situación: la secretaría de Desarrollo Social municipal, a cargo de Nicolás Carvalho, detectó la existencia de 500 tarjetas alimentarias, a las que el Municipio descargaba efectivo para la compra de alimentos frescos destinados a comedores barriales.

Sin embargo, cuando la nueva gestión convocó a las organizaciones sociales administradoras y beneficiarias de estos fondos, asistieron los responsables de sólo 102 plásticos.

“Creemos que en la Ciudad puede haber unos 500 comedores. Pero, cuando llegamos, no encontramos registros de éstos ni rendiciones de cuentas de la mercadería adquirida ni de la cantidad de gente que asiste a cada uno. Ni siquiera sabemos dónde están”, explicó ayer Carvalho, en diálogo con EL DIA.

El funcionario contó que, ante la convocatoria que realizó su cartera, asistieron representantes de Caritas y de una docena de organizaciones sociales, que dieron cuenta del uso de unas 120 tarjetas. “Como del resto no supimos nada, las dimos de baja”, explicó. Y añadió, ante la pregunta de EL DIA, que el hallazgo fue puesto a disposición del Intendente, en caso de que la irregularidad deba sumarse a la denuncia judicial que la semana pasada inició contra la anterior gestión de Julio Garro.

La asistencia alimentaria en la Ciudad cuenta con tres patas principales. Una de ellas es la del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que se basa en fondos provinciales y es gestionado por la secretaría de Educación municipal.

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La segunda pata proviene del ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, que, según afirmaron desde el Municipio, brinda a los comedores de la Ciudad unos 50 mil kilos de alimentos secos.

Y, en tercer lugar, las tarjetas alimentarias, adquiridas por la Municipalidad con fondos propios, por “más de 15 millones de pesos mensuales”. Estas tarjetas se otorgan al responsable del comedor comunitario para la compra semana de alimentos frescos, como lácteos y verduras.

Sin embargo, sostuvo Carvalho, en la Comuna “no hay registros de los comedores destinatarios de los alimentos que supuestamente se adquieren a partir de esas tarjetas”. Y siguió: “Menos aún, una rendición de cuentas que dé cuenta de lo comprado ni la cantidad de personas que asisten a cada lugar”.

Por eso, luego de realizarse la convocatoria y ante la ausencia de responsables de unas 398 tarjetas, dijeron, la Comuna la canceló ante el banco Provincia.

“No se presentaron los responsables y no había sustento administrativo para su continuidad”, dijo Carvalho, con prudencia sobre los motivos en los que puede derivar la cuestión.

UN CENSO Y UN MAPA

Por eso, el exfuncionario del área social de la Nación explicó que, para “transparentar” el sistema, se buscará que cada organización social se registre, indique la dirección del comedor en cuestión y la cantidad de personas que asiste.

“El Intendente nos pidió que esa información sea pública. Vamos a hacer una página web para que se conozca la ubicación de cada lugar donde se brinda esta asistencia social”, afirmó, al tiempo que remarcó que se trata de una ardua tarea que también implica el trabajo en red de las áreas de Niñez y Adolescencia, entre otras.