La incapacidad para negociar políticamente y sus consecuencias

Para lograr ayer la aprobación en particular del articulado de la Ley Bases, el presidente Javier Milei necesitaba de la negociación política fina. Entendida no como una cosa espuria sino como el intercambio en el que todas las partes ganan un poco; no en la imposición en la que sólo una facción se lleva las de ganar. “Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, chicaneó el diputado Miguel Pichetto, de la oposición dialoguista, a la bancada de La Libertad Avanza que se negaba a aceptar pedidos de cambios en el texto.

Según la versión oficial, antes de partir a Israel e Italia Milei dio la orden de no negociar nada. Que la aprobación en particular debería ser un espejo de la votación en general del proyecto donde, ahí sí, el Gobierno cedió bastante. El oficialismo se mueve como si tuviera números de sobra para hacer lo que quiera en el Congreso pero, en rigor, la realidad indica que prácticamente tiene que rogar para conseguir apoyos. Y se exponía, en la votación artículo por artículo, a pequeñas derrotas que pudieran opacar el supuesto triunfo que implicó la aprobación en general del mentado proyecto en la Cámara de Diputados.

Por ejemplo: en el inicio del debate, que al final se cayó, se aprobó declarar la emergencia en varios ítems de la vida diaria argentina, muchos menos de los que quería el Ejecutivo. Y la LLA se comió un golpe más cuando la votación acotó casi a nada la delegación de facultades legislativas al Presidente, un pedido central del oficialismo para hacer y deshacer en la prometida reforma del Estado que, por otra parte, también fue acotada por los legisladores.

Se aclara que estos límites no lo puso sólo el peronismo duro/kirchnerismo -cuya oposición “in totum” al proyecto se descontó desde siempre- sino diputados de bancadas más colaboracionistas, como ciertos radicales o los de Hacemos Coalición Federal, con terminales en algunos gobernadores.

Por cierto, en todo esto es clave la relación con los mandatarios, un pelotón en el que Milei no tiene ni un solo hombre de su riñón. O son peronistas, o son ex Juntos por el Cambio (radicales, PRO, etc.) o son de algún provincialismo. Es mala la relación del Ejecutivo con los gobernadores, a pesar de los esfuerzos del ministro del Interior, Guillermo Francos.

El impuesto país

En el caso del mega proyecto que se debate en Diputados -que ya no era tan “mega”- el punto más conflictivo con ellos probablemente sea la distribución de lo recaudado por el llamado impuesto PAIS, que se cobra con la compra de dólares o los gastos en moneda extranjera en el exterior.

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Las provincias, ya afectadas por el recorte de fondos discrecionales, pretenden una tajada de esa recaudación, algo así como el 30%. El Gobierno dice que no, que se mantenga como hasta ahora: yendo todo a la caja nacional. Pero hay un detalle, una trampita ideada por el Ejecutivo. Milei quiere que el 100% se destine a la Anses y al Pami, pero con la distribución actualmente vigentes esos organismos reciben el 70% de lo recaudado. El 30% restante se asigna a obras de vivienda social, obras de infraestructura económica y fomento al turismo.

¿No hay margen para negociar nada, como pretende imponer Milei? El Gobierno tiene un argumento que puede aceptarse como válido en la conversación: el objetivo del ministro Luis Caputo es levantar el cepo cambiario en breve y eso dejaría sin efecto el cobro del mencionado impuesto. ¿Una solución intermedia, acotada en el tiempo, como para complacer a todos? Otra vez surgía la necesidad de la negociación política para, como dijo Pichetto en el recinto, no exponer al Gobierno siempre a la derrota parlamentaria en un tema que la Casa Rosada entiende como fundacional.

Fuentes mileistas dejaban trascender ayer por la tarde que, ante la posibilidad de una derrota sonora en la votación artículo por artículo, el gobierno evaluaba una solución drástica. Fue lo que pasó: el oficialismo propuso volver el proyecto ya votado en general “a comisión”. Eso significa “fojas cero”. Discutir todo otra vez y conseguir un nuevo dictamen. El trabajo legislativo de más de un mes tirado a la basura.

El oficialismo argumentó que parte de la oposición -léase los diputados no kirchneristas con línea directa con los gobernadores- no cumplió con acuerdos preexistenes. Por ejemplo, siempre según fuentes oficiales: que LLA aceptó en su momento bajar el capítulo fiscal del proyecto a cambio de que le liberen las facultades delegadas al Presidente. Algo que, se reitera, ayer volvió a recortarse en el inicio de la frustrada sesión. Por supuesto que la oposición dice lo contrario: que fue el mileísmo el que incumplió lo acordado y por eso la dureza en el debate.

Fuentes legislativas cuentan que, cuando casi caía la noche de ayer, la orden de volver todo a comisión no la dio ni el ministro Francos ni Oscar Zago, el presidente del bloque de La Libertad Avanza. La bajó el joven Santiago Caputo, consejero de campaña del Presidente, miembro de su mesa chica, con cero historia política o de rosca legislativa y purista del discurso anti casta. Puede ser un botón de muestra que explique el fracaso al que ayer quedó expuesto el Presidente, cuya relación con el Poder legislativo seguramente quedará más comprometida de lo que estaba.