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Carlos Barolo
La pesadilla que vive la ciudad de Rosario, azotada por la violencia narco, copó ayer buena parte de la temática de la reunión de gabinete nacional encabezada por el presidente Javier Milei. El debate intramuros en el gobierno es la repercusión que pueda tener el envío de una nueva Ley de Seguridad Interior al Congreso para poder dar intervención a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, si es factible su aprobación dada la situación de absoluta minoría del oficialismo. La intención sería que las Fuerzas Armadas puedan tener atribuciones “adicionales”, hoy limitadas por la ley actual que, en su artículo 27º, solo las autoriza a la afectación de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.
La reunión estuvo impregnada de los coletazos de la visita a Rosario de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes cerraron un esquema de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro que incluye el desembarco de fuerzas de seguridad nacionales en la provincia. Se trata de saturar las calles rosarinas con el personal que depende de Bullrich.
Fue el propio Milei quien reveló al término del encuentro que la intención de su Gobierno es enviar una nueva ley que permita que las FF AA puedan tomar cartas en el asunto. “Lo vamos a mandar. Es algo que discutimos. Petri estaba con la ley, pero Patricia estaba en el avión de vuelta; es imprudente tomar una decisión final”, planteó el Presidente. En efecto, a Bullrich se le demoró el regreso de Rosario, adonde presentó el desembarco de 450 nuevos efectivos federales.
Circula la versión de que el gobierno pretende impulsar una nueva ley que, según fuentes oficiales citadas por la agencia NA, estaría “a mitad de camino entre el Estado de Sitio y la política actual”. Algo que le permita a las Fuerzas Armadas tomar “acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo”.
“Existe un precepto militar fundamental que indica que una operación militar debe reunir tres condiciones para ser llevada adelante: aptitud, factibilidad y aceptabilidad (en la jerga militar se lo conoce como AFA). Resulta evidente que las FF.AA del presente no podrían cumplir con este precepto básico en modo alguno”, insisten desde ciertos cuarteles. Y agregan: “Inundar las calles de militares implica severos riesgos. ¿Qué pasaría si un sicario la emprende contra un soldado y pone en riesgo su vida? Si cae bajo fuego del delincuente hemos sacrificado a un hombre o una mujer innecesariamente. Si repele con su armamento militar a un civil su futuro profesional y hasta su libertad se verán comprometidas”. Este último razonamiento resume conceptualmente lo que piensan los militares: entienden que no hay el suficiente respaldo político para llevar adelante el cambio de paradigma.
El analista Rosendo Fraga, un experto en temas militares, recuerda que en la Argentina durante las campañas electorales y los comienzos nuevos gobiernos “siempre se habla de combatir el narcotráfico, pero en los últimos cuarenta años el problema ha ido sistemáticamente en aumento”. Y destaca que si bien la ley no permite la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las bandas narco “hay una excepción”.
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Explica: “La Ley de Seguridad Interior decreta que para actuar en ese ámbito el Congreso debe aprobar el estado de sitio a pedido del Presidente de la Nación”. Y, detalle no menor, esa normativa dispone que el comandante del estado de sitio debe ser un oficial superior de las FF.AA., sin importar la causa por la cual el Congreso haya dictado la medida. ¿Podrá ser un resquicio que explore el gobierno libertario?
Por supuesto que el santafesino Pullaro, quien debió sacar a su familia de la provincia de Santa Fe por las amenazas narco, respaldó la idea de la reforma que piensa Milei. Su lógica, además, está cruzada por una definición no menor: para él los crímenes de los narcotraficantes, como el reciente del inocente playero rosarino, son “ataques terroristas”. En eso, coincide con Bullrich.
“Se está discutiendo un artículo de la Ley de Seguridad Interior. Creo que nosotros necesitamos una presencia policial muy fuerte. Y si es militar, acompañando las tareas de prevención urbana, también, porque lo que estamos viviendo son hechos de terrorismo y se tipifican de esta manera”, sostuvo Pullaro .
Según el mandatario el objetivo de los grupos que se dedican a ejercer violencia en Rosario “es quebrar decisiones de los gobiernos constitucionales a través de sembrar el terror”.
Por supuesto que las opiniones están divididas. La izquierda y un cierto progresismo no rosarino ven una mayor participación de los militares como una amenaza, un avance de ese actor al que emparentan sólo a la última dictadura.
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