Más impulso a que los militares actúen contra el “narcoterrorismo”

El gobierno de Javier Milei habilitó a las fuerzas federales a brindar “asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional” a su personal en causas judiciales que resulten consecuencia del ejercicio de las funciones. La disposición se oficializó a través de la Resolución 159/2024, que fue publicada en el Boletín Oficial.

Además Patricia Bullrich y Luis Petri adelantaron, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, que el Gobierno estudia una modificación a la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas en situaciones de violencia “narcoterrorista” como en Rosario,

La norma dispone que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal “brindarán a su personal, en situación de actividad o retiro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas normas estatutarias, asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional, en causas judiciales que resulten consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, el estado militar de gendarme o el estado penitenciario, según corresponda”.

A través del detalle, especificaron que no aplicará “aquellos hechos que prima facie evidencien una ostensible violación de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias de cada fuerza”.

De esta forma, las fuerzas tendrán un plazo de dos meses para dictar las normas reglamentarias necesarias y dar cumplimiento a la resolución que tuvo lugar tras la derogación de la Resolución 477/2023, dictada bajo el gobierno de Alberto Fernández.

El argumento para la derogación fue que la medida dispuesta por el expresidente “restringe excesivamente el derecho a la defensa del personal policial y de seguridad federal en procesos judiciales derivados de sus funciones, violando normas estatutarias y compromisos internacionales de Argentina”.

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En la misma línea sentido plantearon que la decisión de la gestión anterior fue “limitar el apoyo institucional a la actuación de los miembros de la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”

BUSCAN MODIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La ley de Seguridad Interior fue promulgada en enero de 1992, durante la primera gestión de Carlos Menem, y ahora el gobierno de Javier Milei busca modificarla para permitir a las Fuerzas Armadas “intervenir y realizar operaciones de seguridad interior para devolverle la paz y tranquilidad a los rosarinos”.

El Gobierno justifica estos cambios en la necesidad de actuar ante lo que considera como actos de terrorismo, es decir, “todas aquellas acciones y delitos destinados a aterrorizar a la población”, según define el Código Penal.

De acuerdo a lo que sostuvo ayer en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Petri, actualmente la ley de Seguridad Interior ofrece dos supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones dentro del país: dar apoyo a las fuerzas de seguridad nacional y/o provinciales y decretar el estado de sitio en uno o más puntos del territorio nacional.

Sin embargo, en estos últimos casos “se suspenden las garantías constitucionales, pero las FF.AA. no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden preparase para actuar”.

Ante esto, la modificación a la ley vigente busca sumar un tercer supuesto para los considerados actos de terrorismo que habilitará a las Fuerzas Armadas “a realizar tareas de seguridad interior como patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez o fiscal”, dijo el ministro.

Además, también se les habilitará el uso de “medios coercitivos” en base a las mismas normas de las fuerzas de seguridad: “Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza”, agregó Petri.

El titular de Defensa confirmó que, en estos casos en los que las FF.AA. utilicen la fuerza de forma justificada, “sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en el uso del poder”.

Finalmente, el funcionario agregó que serán capacitadas para actuar de esta forma en busca de cuidar a la sociedad civil de forma interna y prevenir delitos y tragedias.

NARCOTERRORISMO Y SEGURIDAD

Mientras, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, encabezó ayer una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada en torno a los anuncios contra la inseguridad y el narcotráfico.

El debate giró en torno a las presentaciones que hicieron en materia de seguridad y a la situación que se vive en la ciudad de Rosario azotada por la presencia de bandas narcos.