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Política y Economía |LA CÁMARA FEDERAL DECRETÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA PRESIDENCIAL

Un fallo en La Plata frena la parte del DNU que derogó la ley de Tierras

22 de Marzo de 2024 | 01:18
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La Cámara Federal de La Plata decretó la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en la parte que derogó la ley de Tierras y habilitó la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera.

La Sala III del tribunal platense, con las firmas de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, invalidó el artículo 154 del decreto en el marco del amparo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Además, le dio al expediente el carácter de “colectivo”, por lo que dispuso reinscribir la acción de amparo en el Registro de la Corte Suprema de Justicia.

Los excombatientes cuestionaron la derogación de la ley de Tierras porque habilitaba “la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.

Durante la feria judicial de enero pasado el juez Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar que suspendió la derogación de la ley, pero su sucesor tras el receso estival, Alberto Recondo, rechazó el amparo por “falta de legitimación” del CECIM y quitó el carácter colectivo de la acción.

La decisión fue apelada por el Centro de ExCombatiente y ahora la Cámara Federal les dio la razón.

“No puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”, sostuvieron los camaristas.

El fallo afirma que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución “. La ley de Tierras 26.737 es una legislación sancionada por el Congreso Nacional en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La norma establece un límite a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.

 

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