Intervención judicial por los comedores

Ante el aluvión de denuncias sobre el uso del dinero que reciben del Estado las organizaciones piqueteras y con los víveres para comedores populares algunos inexistentes, los dirigentes no tenían mejor defensa que un ataque. Es imposible negar las tomas de listas documentadas con videos en las marchas o la aparición de bolsones provenientes de dos ministerios que se vendían en barrios sin ningún disimulo. Pero el dirigente piquetero Juan Grabois ensayó un contraataque y denunció ante la Justicia la falta de reparto de mercaderías, entre ellas la existencia de cinco mil toneladas acopiadas en un predio del ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, lo que motivó una orden judicial de distribuirla de inmediato.

El gobierno anunció que apelará la medida del juez federal Sebastián Casanello de repartir esa mercadería porque “la Justicia no puede entrometerse en las políticas públicas”, según advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni. Mientras que Leila Gianini, subsecretaria legal de la cartera social, aseguró que el setenta por ciento de la mercadería acopiada era yerba mate.

Otro magistrado, en este caso del fuero contencioso administrativo (donde se dirimen los juicios contra el Estado) abrió un proceso colectivo contra la administración nacional por la suspensión de la entrega de comida a diversos comedores y merenderos en distintos puntos del país. Se trata del juez Walter Lara Correa, quien hizo lugar a la demanda contra el gobierno también de las organizaciones piqueteras.

Desde el Gobierno afirmaron que la apelación se dará “en las próximas horas”, y que los alimentos acopiados seguirán guardados, a la espera de otra emergencia que así lo amerite, como pasó con las inundaciones en las provincias del litoral.

BELLIBONI, a indagatoria

Por otra parte, el juez Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, y a otros líderes de organizaciones sociales, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

Belliboni fue citado para el 15 de junio y el juez adoptó la decisión después de “avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas -en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente”.

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Así, el juez determinó que “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo”.

Casanello basó su apreciación en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, subrayó.

Según Casanello, “dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.