Ley Bases, Paquete Fiscal, Ganancias, inversiones, blanqueo y los otros artículos clave que se aprobaron

La Ley Bases y el paquete fiscal llegaron al recinto del Senado después de un mes y medio de intensas tratativas. La Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal. Antes de la medianoche del miércoles, la Ley Bases tuvo su aprobación en general (gracias al desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel) y se avanzó luego con el articulado. El segundo proyecto se aprobó durante la madrugada.

El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética -que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas-, no sufrió modificaciones en esta última etapa. En Diputados, no obstante, esta prerrogativa presidencial se recortó sustancialmente, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.

En el apartado sobre privatizaciones, en tanto, el Gobierno se negaba a habilitar modificaciones. Muchos de los gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la liquidación total. En las últimas horas el Gobierno aceptó excluir a Aerolíneas Argentinas para salvar el resto del paquete y avanzar con la ley.

Si bien estos fueron los últimos cambios que concedió la Casa Rosada, no quiere decir que los textos se mantengan incólumnes hasta su sanción definitiva. Todavía deberán pasar el último visto de Diputados.

De hecho, en el oficialismo entró al recinto con plena consciencia de que algunos artículos corrían serio riesgo de ser rechazados. La reimposición de Ganancias, la reconfiguración de la moratoria previsional y la facultad del Presidente de avanzar en la desregulación administrativa, prevista en el artículo 3°, eran algunos de los puntos en la cuerda floja.

Se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

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Detalles del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)

Se mantiene el monto base para las inversiones de US$ 200 millones, pero se restringieron los rubros incluidos. El régimen ya no se dirige a “cualquier sector”, sino a “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología”, además de “turismo, petróleo y gas, y siderúrgica”, que se sumaron luego.

Otro cambio es el de la incorporación de proveedores locales. Los proyectos que queden incluidos en el RIGI deberán asumir el compromiso de destinar, como mínimo el 20% del monto total de la inversión, a la contratación de proveedores nacionales siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse en las etapas de construcción y operación.

Otro cambio limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión, un 40% después de los tres años, y un 100% a partir de los cuatro años.

Pero cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “exportación estratégica de largo plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos se computarán de la siguiente manera: 20% transcurrido un año contado desde la fecha puesta en marcha de los VPU, 40% después de dos años contados desde la misma fecha, y 100% luego de tres años contados desde el mismo entonces.

Aunque a priori el RIGI será de aplicación en todo el territorio nacional, estará sujeto a las normas municipales y provinciales. En ese sentido, el texto del proyecto de ley sostiene que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por parte de Nación como las provincias, y por sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

El Artículo 162 dispone el alcance del RIGI para “Vehículos titulares de un Único Proyecto (VPU)” que cumplan con los requisitos previstos con “ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo”.

Un 20% de la inversión deberá destinarse a contratar proveedores locales. Foto: archivoUn 20% de la inversión deberá destinarse a contratar proveedores locales. Foto: archivo
Respecto del Impuesto a las Ganancias, se establece una alícuota reducida y una amortización acelerada, lo que se traduce en que las empresas que participen en el RIGI tendrán una tasa reducida del 25% sobre sus ganancias, en lugar de la tasa estándar; y podrán amortizar sus inversiones en bienes muebles (como maquinaria y equipos) en al menos dos cuotas anuales, facilitando una recuperación más rápida de sus inversiones.

A su vez, bajo este régimen de contabilidad dolarizada, podrán pagar utilidades, dividendos e intereses en el mercado de cambios sin restricciones y sin necesidad de aprobación previa por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto simplifica el proceso de repatriación de beneficios.

Otro beneficio son las exenciones y tratamientos especiales, que permitirá a las compañías llevar sus registros contables y estados financieros en moneda dólar estadounidense, siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esto facilita la integración con mercados extranjeros, la atracción de inversores y eludir la inestable contabilidad inflacionaria del peso argentino.

El Artículo 163 declara, en el marco del artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional, que las “grandes inversiones” que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de “interés nacional” y “resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”.

El RIGI busca promover el desarrollo económico y fortalecer la competitividad. Foto: archivoEl RIGI busca promover el desarrollo económico y fortalecer la competitividad. Foto: archivo
El Artículo 164 establece que los objetivos del RIGI son incentivar las “grandes inversiones” nacionales y extranjeras en la Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país, “promover el desarrollo económico”, “fortalecer la competitividad de los diversos sectores”, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI” y “favorecer la creación de empleo”.

También apunta a “generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas para atraer inversiones y que se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión, sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse” y “crear un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado, provincias y autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a proyectos de inversión comprendidos en el RIGI”.

En el Artículo 166, se establece que el plazo para adherirse al RIGI será de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen. Pero el Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta un año, a contar desde el vencimiento del plazo anterior.

Empleo público

Se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.

Modernización laboral

A pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. Se quitó el artículo establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, sólo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciendo contra su voluntad.

Justa causa de despido

Fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

Paquete fiscal

Blanqueo:

Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.

Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.

Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.

Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

Impuesto a las Ganancias:

El incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos. Técnicamente, no se cambiaron los montos de las escalas sino que se prevé un aumento en los descuentos por conceptos como cargas de familia, entre otros.

Para Tierra del Fuego, en tanto, se sostiene la exención impositiva -donde se incluye el impuesto a las Ganancias- estipulada en la ley 19640.

Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.

Aún así, pese a los cambios, el apartado fue rechazado y hay que ver ahora si Diputados insiste con la versión original o no.

Monotributo social:
Se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.

Ley Minera

Se busca modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído.