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El presidente y la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria e Hilda Kogan, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, y el ministro, Ricardo Lorenzetti.
Durante el encuentro, realizado en el salón Carmen Argibay del Palacio de Justicia, los jueces de la Corte provincial, acompañados por funcionarios de la Autoridad de Cumplimiento de la Sentencia (APCS), presentaron informes relativos a la situación de las personas privadas de la libertad en el ámbito provincial, en el marco de lo establecido por el Máximo Tribunal en los fallos "Verbitsky I y II".
Que es la causa Verbitsky
El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una acción de hábeas corpus colectivo por la detención de personas en comisarías en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. En aquella decisión, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo provincial a tomar medidas en carácter de urgente para hacer cesar las condiciones de detención que reflejaban una amplia vulneración de los Derechos Humanos de quienes se encontraban cumpliendo una pena; tanto en calidad de condenados como de procesados.
La causa fue iniciada por el periodista Horacio Verbitsky, que en su carácter de director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), interpuso una acción de Hábeas Corpus en defensa de las personas detenidas en establecimientos policiales superpoblados, incluyendo a aquellas que legal y constitucionalmente deberían de haber estado alojadas en centros especializados de detención -cárceles-.
Según daba cuenta la acción, en aquel momento existían 340 comisarías en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, con una capacidad para 3.178 detenidos, en las cuales se alojaban -en ese momento- a 6.364 personas.
El 13 de mayo de 2021, el máximo tribunal volvió a intervenir en la resolución de caso al admitir un recurso de Queja interpuesto por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires contra la decisión de la Suprema Corte de la Provincia, que había asegurado que las nuevas acciones de hábeas corpus colectivo debían ser resueltas por los tribunales inferiores competentes en el caso.
Entonces, la Corte Suprema le encomendó a la Provincia de Buenos Aires una tarea que debería mantenerse vigente mientras subsistieran las condiciones carcelarias que obligaron a la intervención de la Corte Federal, circunstancia que no había cesado y menos aún aclarado por la examinación del tribunal inferior.
A partir de ello, la Suprema Corte bonaerense manifestó que el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema no puede agotarse en un solo pronunciamiento mandatorio, sino que es preciso transitar un camino secuencial y progresivo. Por tal motivo, decidió diseñar el “programa de cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de mayo de 2021” (PCS), con el objeto de revertir el estado de cosas inconstitucional que caracteriza a la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. Para su implementación dispuso crear una nueva área en el ámbito del Tribunal (la APCS) encargada de desarrollar las múltiples acciones de dicho programa, que comenzó a actuar en junio de 2022.
La presentación del día de hoy en la Corte Federal se enmarca en el relevamiento integral sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia al cumplirse dos años de esta última etapa de trabajo.
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