Que la macro le dé tiempo a la micro

De a poco comienzan a aparecer los cambios –y las propuestas de cambios- a nivel microeconómico que pueden, en el mediano plazo, hacer una diferencia respecto del régimen vigente de reglas que traban el crecimiento económico.

No todas las propuestas de cambio van en la misma línea de la búsqueda de una economía con reglas claras y transparentes que promuevan el funcionamiento de mercados de factores y productos más abiertos y competitivos, pero esa es la norma en la mayoría de los casos.

Ahora bien, para establecer e implementar cambios regulatorios se suele requerir generalmente bastante tiempo. Mucho tiempo cuando se requiere modificar leyes de larga data y amplio impacto político (mercado de trabajo, previsión), algo menos en otros casos (nuevas normas que se implementan vía decretos y regulaciones, como parece ser el caso de la desregulación aérea después de la Ley Bases).

Quizás las cosas se aceleren –por encararse con un diseño y reglas universales, mejor que en la forma de casos puntuales y aislados- con la designación de un economista de la formación y experiencia de Federico Sturzenegger a cargo del flamante ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Pero, en cualquier caso, el impacto de cambios microeconómicos que puedan observarse en forma palpable suele llevar más tiempo que muchas decisiones macroeconómicas (política cambiaria, política monetaria).

Y allí aparece la cuestión de los tiempos: ¿son los tiempos de la macroeconomía suficientemente extensos como para establecer el paraguas bajo el cual se propondrán, legislarán e implementarán las reformas micro? Y anexo a esta cuestión surgen otras preguntas: ¿existe riesgo de colisión entre los tiempos que demanda la macro y los que requieren las reformas micro? ¿Hay reformas micro que complican la macro? ¿Hay una secuencia coordinada de reformas entre lo macro y lo micro?

Es posible contestar con un sí a esas preguntas, particularmente en un contexto de país, como el actual, en el que las decisiones macro están condicionadas no sólo por el colosal desorden económico inicial que demanda cambios urgentes, sino por las prioridades que ello impone a la política y, en particular, a un partido político que llegó al poder con minorías en ambas Cámaras.

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Esas urgencias son las que reconoce el Poder Ejecutivo al establecer un ordenamiento estricto de sus prioridades en el que prevalece el objetivo excluyente de abatir drásticamente la inflación con instrumentos fiscales (déficit cero) y monetarios (emisión cero). Otros objetivos quedan en segundo plano. Es un pre orden lexicográfico –como el del diccionario, con un ordenamiento rígido que no admite excepciones-.

La economía real

Con esa caja de herramientas, sin embargo, la actividad económica se resiente en el corto plazo y las mejoras en la economía real pasan a depender de las expectativas de un cambio de régimen a futuro. O sea, dependen no sólo de una macro ordenada y estable, sino de acelerar reformas microeconómicas que determinen un salto en la tasa de inversión.

En este sentido, las reformas son consistentes con la estabilización en la medida que el eventual crecimiento no genere déficit de cuenta corriente o incremente la inflación –ya que, recordemos, ese es el “único” objetivo cuando es el que se visualiza como “ancla política”-.

Cualquier desvío del objetivo de frenar la inflación puede ser, entonces, una buena excusa para utilizar instrumentos que limiten los desequilibrios (presuntos o reales). Y allí la “macro” prevalece sobre la “micro”, o mejor dicho la política comienza a admitir distorsiones que reducen la productividad y nos alejan de un escenario del sendero de una economía abierta y competitiva.

Por ejemplo, al introducir restricciones directas o indirectas sobre las importaciones de bienes y servicios para facilitar la acumulación de reservas (el objetivo macro “pisotea” criterios de asignación de recursos). O al realizar cambios arbitrarios y temporarios en la estructura arancelaria –y en la protección efectiva - para abaratar precios de bienes o servicios específicos que el funcionario elige.

Otros objetivos de estabilidad o criterios políticos pueden eventualmente llevar a preservar privilegios tributarios o conceder beneficios que hagan más difícil un proceso de apertura económica.

La política tiene sus tiempos que –de no coordinarse adecuadamente en un programa económico que vaya más allá del corto plazo- puede postergar sine die el conjunto de reformas microeconómicas necesarias para generar un cambio de régimen.

Cuando Alemania, bajo el liderazgo de Adenauer, propuso avanzar hacia una “economía social de mercado”, la estabilidad macro era uno de los pilares del programa, pero no el único, ya que lo esencial pasaba por establecer una economía abierta y competitiva –que suponía desde ya la estabilidad- pero con objetivos de corto, mediano y largo plazo en materia de crecimiento económico y equilibrio social.

Esas reformas, y las que requiere el país, no prosperan si se hacen en forma desordenada, sino que requieren explicitar un programa y no ir descubriéndolo a medida que pasa el tiempo. No es lo mismo descubrir un programa con la promesa de que “el programa está, mejor confiar, ya lo vamos a entender”, que hacer explícito el mismo desde el inicio –como de alguna forma se hizo con la Convertibilidad en abril de 1991-. Corremos el riesgo de quedarnos varados en el comienzo de nuestro recorrido porque no tenemos el mapa de nuestra travesía.