El chavismo se blinda con varias leyes

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, retomó ayer el debate para aprobar una ley que prohíbe a las ONGs “promover el odio o el fascismo”, parte de un paquete polémico legislativo impulsado en medio del reclamo opositor de un fraude electoral y bajo la advertencia de la ONU de un “clima de miedo”. Es la primera ley que la Asamblea Nacional busca aprobar, según su presidente, Jorge Rodríguez, para “hacer respetar el resultado electoral”.

El presidente Nicolás Maduro fue proclamado con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un “golpe de Estado” y una “guerra civil”.

Su reelección desató protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos, en medio de llamados de EE UU, Europa y varios países de América Latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección.

El chavismo tiene 256 de 277 diputados de la Asamblea Nacional y la aprobación es segura.

El paquete de leyes incluye, además, la regulación de redes sociales y una normativa para castigar el “fascismo”, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores. La ley contra el fascismo, que entra a partir de hoy en fase de consulta pública, previa a la segunda discusión, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan “apología al fascismo”.

Además, plantea la ilegalización de partidos políticos.

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También establece multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.

“Si usted no es fascista no se preocupe, si usted no es neofascista no debe preocuparse”, dijo el poderoso parlamentario chavista Diosdado Cabello.

La ley de las ONGs -blanco frecuente de ataques desde el poder- igualmente prohíbe “promover el fascismo” y “la intolerancia o el odio”, así como “realizar actividades propias de los partidos políticos”.

Asimismo, prohíbe recibir donaciones para entidades políticas y obliga a las organizaciones a inscribirse en un registro local y hacer una “relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros”.

La primera discusión de este proyecto se remonta a 2023.

El incumplimiento implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares, de acuerdo al proyecto original, muy cambiado, según lo que se aprobó en el debate.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estimó que “esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico”.

“La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, añadió el organismo en una publicación en X.

En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.

“MANO DE HIERRO”

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Türk, instó igualmente a “las autoridades a que no adoptan estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país”. Expresó también preocupación por las detenciones y las imputaciones por “odio” o bajo la “legislación antiterrorista”.

Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un “clima de miedo” en el país, en el que “es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos”. “En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa”, dijo en rueda de prensa.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabilizó en tanto 70 violaciones a la libertad de expresión en 15 días, incluido el arresto de nueve periodistas, cuatro aún tras las rejas acusados ​​de conspiración, terrorismo, incitación a la violencia y actividades subversivas.

Maduro asegura que las redes están siendo utilizadas para atacar su reelección: suspendió por 10 días la red social X y promueve un boicot contra WhatsApp.

Rodríguez propuso incorporar en una polémica norma que castiga hasta con 20 años de cárcel “delitos de odio”, muy usada contra opositores, “elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales”.

Maduro de hecho pidió “mano de hierro y justicia severa” frente “a la violencia” que atribuye a Machado y González Urrutia. Ya en el pasado pidió cárcel para ambos, que pasaron a la clandestinidad. (AFP)