Por la cinematográfica fuga de presos ocurrida en 2011 en la céntrica comisaría Primera de calles 53 entre 9 y 10, esta semana comenzaron a ser juzgados, en audiencia oral y pública, cuatro policías.
Sobre los acusados, recayó un pedido de tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
El caso se produjo el 2 de agosto de 2011 y fue investigado por la fiscal Virginia Bravo que en un comienzo procesó a siete oficiales.
Bravo dio por probado que la fuga había sido facilitada para que los presos escaparan a través de un agujero que hicieron en una pared lindante con una vivienda familiar. El tercero de los detenidos, que era obeso, quedó atascado en el boquete.
En su alegato la fiscal de juicio Silvina Langone pidió tres años de prisión de ejecución condicional para todos los imputados más las condiciones de buena conducta: constituir domicilio, abstenerse de cometer delitos y someterse al Patronato de Liberados con presentación bimestral.
Los dos que se habían fugado (Jorge Rafael Almirón y Adrián Saúl Rivero), pudieron ser recapturados en poco tiempo. Ante la fiscal dijeron que policías de esa comisaría, les habían facilitado la fuga a cambio de una fuerte suma de dinero y de conseguir trabajos en el mundo del hampa. En ese sentido, debían cometer a cambio de esa fuga “facilitada”, tres hechos delictivos, cuyos botines serían “marcados” por los mismos uniformados.
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