La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

La convocatoria a sesión especial en Diputados el próximo miércoles tiene un objetivo central: apartar a José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto. El libertario, candidato por la provincia de Buenos Aires y aliado del oficialismo, quedó en la mira por sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado.

El pedido de remoción desató un cruce abierto con el Gobierno, que considera a Espert un engranaje importante en la estrategia legislativa. Para el oficialismo, su desplazamiento sería un golpe político en plena antesala electoral.

La agenda incluye también la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, sancionada en 2006 bajo la iniciativa de Cristina Kirchner. El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y plantea cambios de fondo:

- Elimina la “sanción ficta”, que permitía convalidar automáticamente un DNU si el Congreso no lo trataba.

- Establece un plazo máximo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un decreto; si no lo hacen, queda derogado.

- Dispone que basta con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto.

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De aprobarse, el Poder Ejecutivo perdería uno de sus principales resortes de gestión. En la Casa Rosada admiten que esta iniciativa es vista como un intento de limitar el margen de acción del presidente Javier Milei.

Interpelación a Karina Milei

Otro capítulo de la sesión será el pedido de interpelación a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Ambos quedaron bajo la lupa por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mencionados en los audios filtrados del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

La oposición busca que ambos funcionarios den explicaciones en el recinto sobre el manejo de fondos y sobre las responsabilidades políticas en la gestión del organismo.

El anzuelo para los gobernadores

Sabiendo que la sesión requerirá un quórum difícil de alcanzar, los bloques opositores incluyeron un proyecto atractivo para las provincias: la reforma del esquema de reparto del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). La propuesta, con media sanción del Senado, ampliaría la porción de la recaudación destinada a las arcas provinciales.

Esta iniciativa funciona como un incentivo para los gobernadores, que podrían instruir a sus legisladores a dar quórum y apoyar la ofensiva opositora.

Ante este escenario, el oficialismo intensificó sus gestiones para frenar la sesión. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, transmitió un mensaje claro a legisladores y gobernadores: “No bajen, si lo hacen no aprueben. Para los mercados sería una muy mala señal”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encabezan la estrategia de contención. Todos coinciden en que la aprobación de la reforma a los DNU y la posible remoción de Espert tendrían un costo político alto, que se sumaría al clima de fragilidad económica y social.

Impacto político

En el oficialismo recuerdan que hace apenas dos semanas, el emplazamiento a las comisiones para dictaminar sobre los DNU se aprobó con 142 votos contra 88, con 26 ausentes. Esa votación mostró que la oposición tiene los números para avanzar, aunque también reveló que el oficialismo logró retener un tercio de la Cámara, suficiente para sostener un eventual veto presidencial.

De todos modos, en la Casa Rosada temen que una derrota el miércoles sea interpretada como un signo más de debilidad. “Los pocos días que pasaron son mucho más en términos políticos. Todo se complicó mucho más para la Rosada. Y para la próxima sesión falta una vida. Esto es día a día”, confió un gobernador opositor a este diario.

La sesión, advierten en ambos bandos, puede convertirse en un verdadero polvorín político en la antesala de las elecciones.