Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

El Senado rechazó ayer los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y el de financiamiento universitario, por lo que el gobierno de Javier Milei deberá promulgar ambas leyes.

La insistencia en pediatría, que tiene foco en el Hospital Garrahan, encontró adhesiones en los bloques de Unión por la Patria (UxP), radicales, PRO y bancadas provinciales, con un total 59 votos afirmativos, mientras que el rechazo fue propiciado por seis senadores de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

Por su parte, el financiamiento a universidades, un texto que fue redactado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cosechó 58 voluntades afirmativas y siete negativas, en una votación que también aglomeró a la mayoría de la oposición y dejó del otro lado a los libertarios, Paoltroni y la senadora del PRO Álvarez Rivero.

Tres senadores del PRO -Alfredo de Angeli (Entre Ríos), María Victoria Huala (La Pampa) y Martín Goerling (Misiones)- se abstuvieron en ambas votaciones, mientras que la radical Carolina Losada (Santa Fe) se abstuvo en universidades.

Con estas dos insistencias ya son tres las leyes que ambas cámaras del Congreso logran ratificar en un mismo período legislativo al rechazar el veto que les había impuesto el jefe del Estado. Es un hecho inédito en la historia institucional argentina, al menos desde el retorno de la democracia en 1983.

Emergencia en Pediatria

El proyecto de emergencia en pediatría fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

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Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, según consignó el despacho.

Ya son tres las leyes que ambas cámaras del Congreso logran ratificar durante este año

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñen “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

La OPC señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.

El financiamiento universitario

Por su parte, el financiamiento universitario otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024, y a partir de enero de este año una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos.