Bahía Blanca: el Concejo vuelve a debatir la prohibición de trapitos y cuidacoches

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca debatirá nuevamente un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Carlos Alonso (LLA) para prohibir la actividad de trapitos, limpiavidrios y cuidacoches en la ciudad. La propuesta fue ingresada en las últimas horas y busca que el cuerpo legislativo avance definitivamente en su tratamiento.

El proyecto establece la necesidad de impedir “todo tipo de actividad en nuestra ciudad para quienes ocupan el espacio público sin autorización municipal para ofrecer el cuidado de autos y ese tipo de servicios sin autorización municipal”. Según Alonso, “esta actividad, ejercida sin regulación alguna ni autorización oficial, implica una ocupación indebida del espacio público, generando molestias, situaciones de intimidación o coacción a los ciudadanos, y afectando el derecho a la libre circulación y al uso seguro de la vía pública”.

El concejal señala además que “en los últimos meses se han registrado múltiples denuncias por parte de vecinos, automovilistas y comerciantes por situaciones que incluyen hostigamiento, cobros indebidos, exigencias de dinero, amenazas e incluso daños a vehículos cuando no se accede a los pedidos de los cuidacoches”.

En el texto también se menciona el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio argentino, y se argumenta que este derecho se ve afectado “por la ocupación arbitraria de espacios por parte de particulares sin habilitación alguna”.

La iniciativa destaca que ya existen ordenanzas similares en otras ciudades del país, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ha avanzado en la prohibición y sanción de este tipo de actividades.

Finalmente, el proyecto propone que el Municipio impulse políticas de inclusión social y laboral para personas en situación de vulnerabilidad, sin permitir que esas condiciones “justifiquen prácticas que afectan derechos ajenos”. Además, establece que la Agencia de Seguridad comunal, en coordinación con la Policía Bonaerense, será la encargada de hacer cumplir la normativa, mientras que otras áreas municipales deberán ocuparse de la asistencia e inserción laboral de quienes desempeñan estas tareas.