La Justicia le pidió "evidencias" al Gobierno por los detenidos acusados de "sedición" tras los incidentes

El fiscal federal Franco Picardi pidió al Ministerio de Seguridad Nacional que incorpore a la demanda por sedición que presentó a raíz de los incidentes en la marcha de jubilados el miércoles último evidencia relativa a las acusaciones.

Por ejemplo, como los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barra bravas en el Congreso Nacional y toda documentación y/o información disponible Picardi abrió una investigación en base a la denuncia que presentó el funcionario Fernando Soto por mandato de la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, luego que el juez federal Sebastián Casanello le delegó la causa, informaron fuentes judiciales.

En ese sentido, en un dictamen firmado en la tarde de ayer, el fiscal requirió al Ministerio que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría, según se menciona en la denuncia Picardi requirió los "registros completos" de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional.

En esas comunicaciones "se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de "barras bravas de diversos clubes" ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación mencionada".

Además solicitó que el Ministerio de Seguridad aporte "informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los "supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas", como se menciona en la denuncia.

En concreto aquellas evidencias " en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".

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La fiscalía reclama además "registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el "principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti".

"En este sentido, también toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos: "Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires".

Picardi pidió al Ministerio la documentación y/o información que posea sobre la actuación de esos grupos y los "actos de violencia de extrema gravedad" por los cuales se los denuncia.

En la presentación del Gobierno se asegura que "la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos), armas de fuego, clavos de tipo "miguelito" para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones".

"Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso", concluyó la fiscalía al librar oficio al Ministerio de Seguridad.

El Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Soto, denunció ayer que en el marco de la manifestación de jubilados en reclamo de aumento de sus haberes realizada en los alrededores del Congreso de la Nación, hubo hechos de violencia premeditados.

La denuncia es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.

"Una puerta giratoria"

El Gobierno Nacional había criticado la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade de liberar a los 114 detenidos por los efectivos de seguridad durante la protesta de los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron episodios de violencia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de cuestionar a través de sus redes sociales el fallo emitido durante la madrugada del jueves, tras asegurar que la Justicia "de la puerta giratoria" es "responsable directa de la inseguridad en la Argentina".

"La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad", sostuvo el funcionario desde su cuenta de X.

En la misma línea, amplió: "La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".

Otro de los que hizo eco del suceso fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que debiera haber investigado "quién envió a esos barras a sembrar el caos" y acusó a Andrade de "liberarlos en menos de 8 horas".

"Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad", planteó el funcionario.

Por su parte, retrucó: "Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones".

El primero en manifestarse al respecto fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al reclamar que "debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza".

"Si se detienen 130 o 140 personas y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos", aseveró.

"Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera", planteó, aunque sin hacer mención de la magistrada.

Durante la protesta que tuvo lugar el pasado miércoles en el centro porteño, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas, que fueron liberadas en horas de la madrugada. De esta forma, 71 hombres y 23 mujeres se encuentran en libertad tras 24 horas de detención.