El Gobierno nacional oficializará las denuncias , en la Justicia federal y en el Consejo de la Magistratura porteño, contra la jueza porteña Karina Andrade por su decisión de liberar a más de cien detenidos por su participación en los graves incidentes ocurridos durante la marcha por los jubilados -de la que participaron barras y militantes- frente al Congreso, el miércoles pasado.
El Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich hará efectiva en la mañana de hoy la denuncia contra la magistrada -que vincula con La Cámpora aunque ella lo niega- por prevaricato, además de encubrimiento al delito de sedición.
Pero también hará una presentación, esta vez ante el Consejo de la Magistratura porteño, en la que pedirá la destitución de la jueza, a la que acusa de graves irregularidades en la liberación detenidos por los desmanes y disturbios.
Mientras, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentará como querellante en la causa y recusará a la jueza Andrade por su decisión de liberar a los detenidos. “Tiene una tendencia que va más acorde a lo que se conoce como el garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley”, argumentó El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia.
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