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Dijo que en los desarrollos inmobiliarios de la anterior gestión hubo “incumplimientos, extorsión y estafa”
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
“Hubo una cadena delictiva”. Asi definió ayer el intendente, Julio Alak, a la existencia de barrios ilegales desarrollados durante la anterior gestión, por la que la justicia penal investiga al exintendente Julio Garro, exfuncionarios y empresarios platenses. Y enumeró la comisión de tres delitos: “el de incumplimiento de funcionario público, el de extorsión y el de estafa”, al referirse a la venta de lotes en terrenos de la Ciudad que no contaban con autorización provincial. Sobre las irregularidades denunciadas por su gobierno, apuntó tanto contra exmiembros de la función pública municipal como al sector privado inmobiliario.
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Las duras declaraciones del jefe comunal no pronunciaron en ningún momento nombres concretos, pero sí delitos, alcances e irregularidades halladas en los expedientes municipales, que motivaron la denuncia penal. Y si bien señaló que su gabinete trabaja en un código que regularice el uso del suelo en la Ciudad, señaló que “es un proceso que requiere tiempo, porque se cometieron delitos y porque las que presionan son las mismas empresas que se beneficiaron” con la maniobra.
Alak opinó así del tema por primera vez, luego de que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta imputara al exintendente Julio Garro, la exsecretaria de Planeamiento municipal, María Botta, y otras seis personas más, el lunes pasado, y realizara 16 allanamientos y operativos. La causa está caratulada como “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.
En el Cementerio municipal, tras el acto de inauguración del nuevo osario, el jefe comunal sostuvo, en diálogo con EL DIA, que durante la gestión anterior “se cometieron tres delitos”, según la documentación hallada en el Municipio, por la que realizó la denuncia penal mencionada.
“El primero es el de la autorización de urbanizaciones que generaron un valor especulativo enorme, en lugares sin autorización provincial, sin cumplir con los requisitos legales. Eso es incumplimiento de funcionario público”, lanzó.
Y siguió: “El segundo es el delito de extorsión, porque para urbanizar el interior de esos barrios cerrados, los desarrolladores tenían que contratar a empresas determinadas, que están vinculadas a los mismos funcionarios que autorizaban las urbanizaciones”.
En tercer lugar, prosiguió Alak, el delito señalado es el de “estafa”, a partir de “se le vendieron lotes a personas de buena fe sin decirle la verdad, que es que ese lote no estaba escriturado ni tenía factibilidad provincial”.
El jefe comunal se refirió de este modo al conflicto por el en septiembre que se paralizaron obras en unos 400 barrios cerrados de la Ciudad. “Son ilegales”, había definido entonces la Municipalidad. Luego de los operativos judiciales de esta semana, Alak no mencionó ningún nombre en particular y dijo que las responsabilidades “son materia de la investigación penal”.
“Con los desarrollos ilegales hubo delitos de incumplimiento de funcionario público, extorsión y estafa. Es materia de la Justicia investigar quiénes son los responsables y esperamos que vaya a fondo”.
Julio Alak
Intendente
Sin embargo, sí remarcó las irregularidades denunciadas por su gobierno: “Son graves. Yo creo que no solamente son los (ex)funcionarios públicos. Además, hay sectores privados que, digamos, eran conscientes de que no se estaban sancionando las ordenanzas convalidadas por la Provincia e igual ofrecían lotes en venta: Hay sectores privados que además se asociaron algunos funcionarios para que estos lotes se urbanicen en su interior. Acá hay socios que son privados y que son los que se han enriquecido enormemente o se quieren enriquecer. Creo que la investigación tiene que ser amplia. Espero que haya lucidez y valentía de los investigadores para que esto se llegue a fondo”, añadió.
Consultado por este diario sobre una solución para estas urbanizaciones, el mandatario anunció que “en las próximas semanas vamos a demostrar que nosotros somos una gestión seria y vamos a plantear una ordenanza de ordenamiento urbano que siga los pasos exigidos por la Provincia, para determinar qué emprendimientos están permitidos por el Municipio y la Provincia y cuáles no”.
Y concluyó: “Vamos a ir avanzando en lo que la Ciudad hoy no tiene: un plan de ordenamiento territorial que tenga las ordenanzas convalidadas por la Provincia, para darle seguridad jurídica a quien compre un lote. Estamos solucionando las consecuencias de un problema delictivo gravísimo”.
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