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En la antesala de una votación clave, los vecinos de Brandsen y de la zona oeste de La Plata reclaman ante “una amenaza que podría cambiar para siempre la fisonomía, la salud y la vida misma de sus territorios”. Es que este lunes, el Concejo Deliberante de Brandsen tratará la desafectación de suelo rural productivo para permitir la instalación de centrales termoeléctricas frente al Autódromo Roberto Mouras, en el kilómetro 49 de la Autovía Nº 2.
Los vecinos de la Región marcharán este lunes, en bloque al Concejo Deliberante de Brandsen para presenciar la sesión y exigir que “no se apruebe esta desafectación del suelo”.
Detrás del expediente técnico, la letra fría de los papeles y las promesas de “desarrollo energético”, hay una decisión que “podría tener consecuencias irreversibles”, según los vecinos de la Región. “A metros del predio propuesto para la instalación de las plantas, funciona una escuela rural. A menos de dos kilómetros, viven cientos de familias en barrios como Casuarinas, El Peligro, Las Golondrinas y Abasto”, citaron. Según el reclamo de los frentistas, “las centrales en cuestión no son proyectos inocuos: son las mismas termoeléctricas que debieron cerrar en Pilar por su altísima toxicidad, por emitir gases letales y partículas en suspensión que dañan la salud de manera directa. Los mismos sistemas que se alimentan con gasoil y generan una contaminación persistente y devastadora para el ecosistema”.
“En silencio, casi sin avisar, quieren entregar nuestras tierras a empresas que solo vienen a contaminar”, denunciaron los vecinos desde la página Vecinos Unidos por Brandsen, donde lanzaron un comunicado con tono urgente.
“Tierras que hoy dan trabajo, alimento y vida, podrían convertirse en focos de contaminación. Una vez que se daña el agua y el suelo, no hay vuelta atrás”.
“La preocupación no es infundada: las plantas, según los propios estudios ambientales, consumirán más de 7 millones de litros de agua diarios del acuífero Puelche, uno de los reservorios más importantes de la región, protegido por la Ley de Humedales y vital para el abastecimiento de agua potable y para la producción agrícola. Ese consumo exorbitante podría reducir dramáticamente la disponibilidad de agua para uso humano y para el riego, afectando tanto a los vecinos como a los productores de la zona”, denunciaron.
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Valeria Magnone, vecina de Las Casuarinas, expresó su preocupación en diálogo con este medio: “El lunes se vota la desafectación del suelo para la instalación de termoeléctricas. Si se aprueba, pasa a provincia para el cambio de uso de rural a industrial. Hasta que no esté ese cambio, no pueden instalarse, pero ese es el riesgo: que lo voten sin considerar el impacto real que esto tiene para todos nosotros”.
El viernes, desde temprano, vecinos y productores se reunieron en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 52, para visibilizar su reclamo al igual que este lunes. “Esto nos golpea duro y de lleno a todos los platenses”, dijo Valeria, con una claridad que atraviesa las fronteras políticas y geográficas: cuando el aire se vuelve irrespirable y el agua se agota, la contaminación no distingue municipios.
“Los antecedentes son claros y alarmantes. En Pilar, las centrales Matheu II y III fueron clausuradas luego de años de denuncias, estudios ambientales y reclamos judiciales. La contaminación afectó a la población con casos de enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y daños neurológicos. No se trató de suposiciones ni exageraciones: fue una tragedia ambiental y sanitaria que dejó marcas profundas. Por eso, la pregunta que se repite en las asambleas vecinales y en las redes sociales es tan lógica como indignada: si en Pilar las cerraron por peligrosas, ¿por qué quieren traerlas a Brandsen?”, problematizaron
“La respuesta parece estar en los intereses económicos que empujan este tipo de proyectos, muchas veces con la complicidad de sectores del poder político dispuestos a ceder territorios y potestades sin medir las consecuencias. Para permitir la instalación de las termoeléctricas, el municipio de Brandsen deberá modificar su Código de Ordenamiento Urbano Territorial y ceder los terrenos a la Provincia de Buenos Aires. En esa operación burocrática, perderá toda injerencia sobre lo que ocurra en el predio. Dejará de tener potestad de inspección, de control y de respuesta ante los posibles –y probables– daños que genere la planta”, agregaron los vecinos. “Nos quedaremos sin ningún tipo de asistencia ni posibilidad de reclamo”, advirtieron en un comunicado.
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