Comienza el peritaje en la causa por las declaraciones juradas de Cristina

La Justicia comenzó a realizar un peritaje vinculado a declaraciones juradas de la exvicepresidenta Cristina Kirchner en una investigación por supuestas omisiones, reabierta el año pasado por orden de la Cámara Federal porteña.

El peritaje buscará establecer presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas que presentó entre 2009 y 2015, vinculadas a la propiedad de inmuebles y tenencia de plazos fijos y dólares, informaron fuentes judiciales.

La investigación había sido archivada por inexistencia de delito, pero el Tribunal de Apelaciones porteño la reabrió el año pasado y dispuso que se realice el peritaje para establecer o descartar si hubo “inconsistencias en las declaraciones patrimoniales” en la investigación que se lleva en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Entre los puntos de pericia figura, además el análisis de vínculos comerciales con la empresa de Lázaro Báez, “Austral Construcciones”, acciones de la firma “Hotesur” de la familia presidencial y aspectos vinculados a la herencia del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

El caso se reabrió al hacerse lugar a una apelación de la Unidad de Información Financiera.

La causa que investiga las declaraciones juradas de Cristina Kirchner entre 2009 y 2015 fue reabierta por la Cámara Federal porteña a finales del año pasado. El caso, inicialmente archivado por falta de pruebas, fue impulsado nuevamente después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) apelara esa decisión. El objetivo principal de la investigación es determinar si hubo inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de la ex presidenta, especialmente en lo que respecta a inmuebles, plazos fijos, tenencia de dólares, y operaciones vinculadas a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, entre otros aspectos.

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La reapertura de la causa fue una decisión de la Cámara Federal porteña, que tras revisar el expediente ordenó la realización de un peritaje contable detallado. Esta medida fue impulsada por las presuntas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales presentadas entre 2009 y 2015. El Tribunal destacó que el peritaje debía aclarar las posibles irregularidades y omisiones.