Acompañantes terapéuticos: aulas pobladas, burocracia y otras trabas

En el extenso mapa de establecimientos educativos desplegados en la Provincia de Buenos Aires, incluidos los de la Región, hay un problema latente y que tiene cada vez más fuerza: las aulas escolares con una presencia masiva de acompañantes terapéuticos, lo cual influye en el desempeño escolar de los miles de estudiantes bonaerenses.

Así lo registraron y comunicaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) a través de un informe llamado “La paradoja de la inclusión: Aulas súper pobladas de acompañantes y el perjuicio de los estudiantes”. En él, se analizó que “las aulas de algunos establecimientos llegan a tener hasta siete acompañantes terapéuticos que trabajan con chicos que presentan alguna discapacidad”, lo que provocaría, según citaron, que “el dictado de clases se complejice”.

La súper población de acompañantes terapéuticos, ante una infraestructura educativa y edilicia pensada para una cantidad de estudiantes, es “el dilema a resolver” según la organización educativa.

Sobre ello, Martín Zurita, el secretario ejecutivo de la entidad, expresó: “En los relevamientos que hacemos aparece como una problemática que es una realidad. Las escuelas tienen que ser inclusivas, pero tenemos aulas con hasta 7 acompañantes terapéuticos. Son 7 adultos que conviven en un espacio que está diseñado para una cantidad determinada de alumnos y no para esta nueva realidad”.

En el informe de AIEPA hicieron referencia también a la Ley de Educación Nacional y a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y detalló: “El Estado garantiza el acceso de los estudiantes con discapacidad al sistema educativo, pero no acompaña brindando las condiciones para que su estadía sea en las mejores condiciones”. Además, manifestaron: “La ley y la buena voluntad de las escuelas no alcanzan para que los chicos reciban la educación que merecen”.

Ante ello, Zurita exigió un “debate sobre esta situación”. “El Estado tiene que estar presente, generando un organismo, un espacio. Que haya una interacción y relación entre la agencia de discapacidad, situaciones locales y las escuelas”, propuso. A su vez, expresó que, en las instituciones educativas de muchas regiones “no hay la preparación suficiente en cuanto a la formación de los docentes y la infraestructura”.

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“Aunque en el territorio bonaerense hay una regulación muy completa, el espacio en las escuelas para los acompañantes genera dificultades”, describió Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA).

Según el último citado, la inclusión educativa “requiere que todo el sistema se adapte a esta figura”, pero depende de las diferentes decisiones escolares y “los límites que ponga”.

No obstante, el secretario destacó que “la escuela de hoy está atravesada por otras variables complejas que la convierte en un escenario muy difícil”, y culminó: “Todos los chicos tienen particularidades. No se puede establecer la normalidad; ¿quién determina qué es lo normal?”.

Más complicaciones

Con todo este diagnóstico en mano por parte de las instituciones privadas, las familias se embarcan en la difícil tarea en buscar un acompañante terapéutico. Aquí, según AIEPA, comienza una travesía con grandes complicaciones o “muro burocrático”: “Un sinfín de idas y vueltas en busca de trámites y aprobaciones por parte del Estado y las obras sociales y prepagas”, indicaron en el informe.

Ello se debe a que “las obras sociales suelen pedir todo tipo de documentación, incluido informes médicos, evaluaciones psicológicas, certificados de discapacidad y planes de tratamiento detallados para autorizar los acompañamientos. El visto bueno demora meses e incluso años y mientras tanto el niño permanece sin la ayudar necesaria”, expresaron desde la entidad. Asimismo, agregaron: “Las escuelas también tienen una ardua tarea administrativa para favorecer la inclusión de los estudiantes”.

Damián Alcaraz, acompañante terapéutico de la Región con más de una década de experiencia, definió a la actividad como “desafiante, debido a que se tiene que comprender no sólo al paciente sino a los códigos del aula, a los docentes y a los directivos de cada institución”. Además de la complejidad de la tarea, se suma la convergencia de varios actores: “Hay estudiantes que están en ‘otra’, depende de las edades. Tienen que estar bien definidos los roles dentro del aula; nosotros tenemos que tener muchas herramientas para poder trabajar”.

Según AIEPA, “debido a la alta demanda, los bajos salarios y la falta de políticas públicas para la formación, las obras sociales y prepagas no consiguen personal calificado”. En la misma línea, Alcaraz expresó: “Nunca cobramos al día. Cuando arranqué a trabajar, me pagaron el primer sueldo cinco meses después”.

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