El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, manifestó su “profunda preocupación” por el dictado del decreto delegado nº 383/2025 que estableció un nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, que restringe indebidamente derechos y garantías constitucionales.
“Este decreto excede lo autorizado por la ley 27.742 pues no se trata solo de una reorganización administrativa, sino que se amplían las facultades a la Policía Federal para detener y requisar a personas sin orden judicial de modo genérico y discrecional. Además, autoriza una suerte de pesquisa en las redes sociales sin precisar sus alcances”, aseguró el excamarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar.
“Es imperioso que siempre se tenga presente que una restricción de derechos debe hacerse a través del dictado de una ley aprobada por el Congreso, con control judicial suficiente”, subrayó el titular del Colegio Público porteño.
Finalmente, advirtió que “nuestra historia registra muy claras evidencias de que los mandatos a las fuerzas de seguridad deben ser claros, concretos y estrictos, ya que, de lo contrario, en la práctica, suelen cometerse excesos, abusos y arbitrariedades”.
Y sentenció: “No podemos retroceder en el goce de nuestros derechos y garantías. Mucha sangre ha costado alcanzar los beneficios de una democracia constitucional”.
Mientras, el bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre presentó un proyecto para dejar sin efecto y declarar la “nulidad absoluta” del decreto 383 que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reformar la Policía Federal Argentina (PFA). Al igual que Gil Lavedra argumentan que es “violatoria de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742” de Bases”.
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