La Mesa de Enlace rechazó cambios en el INTA que afectarían su autonomía y gestión

En Buenos Aires, este martes, los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para manifestar su preocupación por el impacto de una inminente reforma en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), impulsada por el Gobierno. Durante el encuentro, advirtieron que los cambios que se evalúan –y que afectarían la autarquía, la gobernanza y la estructura territorial del organismo– pondrían en riesgo su funcionamiento. La reunión se desarrolló en la sede de la Secretaría de Agricultura y contó con la presencia de los máximos referentes del sector agropecuario, funcionarios del área y autoridades del propio INTA.

Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Sarnari (FAA) y Eloisa Frederking (SRA) encabezaron la representación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA). También participaron Nicolás Bronzovich, presidente del INTA; María “Pilu” Giraudo, vicepresidenta; y Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría.

Durante el encuentro, los dirigentes rurales expresaron su rechazo a tres aspectos centrales de la posible reforma: la pérdida de la autarquía administrativa y financiera del INTA, la alteración del actual sistema de gobernanza con participación agropecuaria, y la posible reducción de la red territorial, conformada por Centros Regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión rural.

“Los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) expresaron estar preocupados y comprometidos con el INTA, ya que los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país”, indicaron en un comunicado conjunto.

Las preocupaciones se agravaron por versiones que señalan que el Poder Ejecutivo prepara un decreto para reformar la estructura del organismo. Trascendió que se evalúa reducir de 10 a 8 los miembros del Consejo Directivo, máximo órgano de conducción del INTA, lo que implicaría una menor representación del sector agropecuario. Además, se analiza otorgar al Ministerio de Economía un control financiero directo, debilitando así su autonomía histórica.

Otras versiones mencionan un posible recorte de 1500 puestos de trabajo –de un total actual cercano a los 6000 empleados– y el cierre o fusión de unidades técnicas en el interior del país, como parte de una estrategia de ajuste presupuestario y rediseño institucional.

Las entidades recordaron que el INTA sostiene actualmente una amplia red territorial con 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y unas 258 agencias de extensión rural. Su financiamiento proviene, en parte, de un aporte del 0,45% del valor CIF de las importaciones, con un presupuesto anual cercano a los 230.000 millones de pesos. Aunque apoyan una modernización del organismo, insistieron en que los cambios no deben comprometer su rol estratégico en el desarrollo del agro argentino.