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Apenas faltaban un par de días para que termine el 2025 y dos detenciones retumbaron fuerte en La Plata. Los detenidos a fin de año están acusados de manejar una red de abuso sexual en el que también participarían los beneficiados de esa trama, muchos de ellos con en el propio Senado Bonaerense.
Como se publicó anteriormente, la investigación sostiene que parte de los ataques se habrían producido dentro del propio Senado bonaerense, específicamente en la oficina 007, una dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo. La sola mención de ese espacio convirtió el expediente en un caso institucionalmente explosivo: no solo se investigan delitos aberrantes, sino también la presunta utilización de instalaciones estatales para cometerlos.
Por esta causa se encuentran detenidos y procesados Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado.
A resguardo, al aire libre y con sus identidades preservadas, tres mujeres hablaron de los hechos y dieron su testimonio. Las tres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y la reserva es obligatoria.
Dos tienen menos de 30 años y la tercera apenas los supera. Trabajan y estudian —o lo intentaron— y provienen de sectores populares y de clase media. Se acercaron a la política desde la militancia, con una convicción común: transformar la realidad. Nunca imaginaron que ese recorrido derivaría, según sus denuncias, en una trama de abuso, manipulación y silencio dentro de una de las instituciones centrales del poder político bonaerense.
La detención de los acusados, el 29 de diciembre de 2025, marcó un antes y un después. “Estamos fuertes”, dicen. “Sentimos que volvimos a vivir”, en una entrevista concedida a Clarín.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, un espacio kirchnerista que se desprendió de Unidos y Organizados y que luego pasó a integrar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el gobernador Axel Kicillof. Ambos ocupaban roles de conducción política y formación militante.
Rodríguez, además, fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito desde el cual —según surge de la investigación— habría captado al menos a una de las víctimas. En la causa también se lo señala como líder de la presunta secta “La Orden de la Luz”, que, de acuerdo a las pesquisas judiciales, utilizaba correos electrónicos con lenguaje encriptado.
Las víctimas son representadas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes describen un patrón reiterado: captación a través de la militancia, promesas de acompañamiento, inserción laboral en el Estado, contratos con altos ingresos y exigencias de devolución de parte del salario “para tareas militantes”. Una relación de poder asimétrica que, según las denunciantes, derivaba en sometimiento.
La más joven tiene 27 años, es licenciada en Ciencia Política y trabaja en el Senado. Comenzó a militar siendo adolescente y tenía entre 18 y 25 años cuando, según su denuncia, ocurrieron los hechos.
“Llegamos a la agrupación desde un lugar muy genuino”, relata. “Creíamos en la militancia, en la política como herramienta de transformación”. Aclara que el daño no fue solo físico: “Hubo un aprovechamiento de nuestras convicciones. No fue solo el cuerpo, fue la cabeza, la moral”.
La segunda mujer tiene 29 años, es de Ringuelet y también trabaja en el Senado. Cuando ocurrieron los abusos tenía entre 18 y 21 años. “Al principio sentís que confían en vos, que te abren puertas. Todo parece una oportunidad”, cuenta. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en miedo, dependencia laboral y silencio.
La tercera es platense, tiene 31 años y hoy trabaja en una dependencia de la Universidad Nacional de La Plata. Estudiaba Trabajo Social, pero abandonó la carrera mientras sucedían los hechos. “Viví con miedo durante muchos años”, afirma. “La detención fue un alivio. No borra lo que pasó, pero devuelve aire”.
Las tres coinciden en que callaron durante años por vergüenza, miedo y desconfianza en el sistema judicial. Reconocen falencias en el abordaje inicial de una de las investigaciones, pero aun así decidieron avanzar.
Hoy, con los acusados detenidos, dicen sentirse más fuertes. También sostienen que hay más víctimas. “Sabemos que no somos las únicas”, aseguran. Por eso hablan ahora: no buscan exposición ni revancha. Quieren que la Justicia avance y que otras mujeres no atraviesen lo mismo.
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