Juez rechazó millonaria reparación económica

El juez federal Sebastián Casanello rechazó una propuesta de reparación económica por 87,9 millones de pesos presentada por Leandro Gastón Kebleris, procesado como partícipe necesario en el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo, al considerar que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados.

Según la resolución, la oferta buscaba extinguir la acción penal sin reconocimiento de hechos ni derechos. Kebleris, junto con Anahí Rivero, está acusado de haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor la empresa Coxtex S.A., señalada por la fiscalía como una “usina de facturación apócrifa” sin capacidad operativa real.

La investigación sostiene que en octubre de 2021 Coxtex emitió dos facturas por 5,46 millones de pesos que habrían permitido desviar recursos del programa social hacia actividades de prensa, militancia y campaña electoral.

La propuesta incluía el giro inmediato de más de 14 millones ya embargados y el pago del resto en 12 cuotas.

Además de la fiscalía, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera, estos tres últimos que actúan como querellantes, se opusieron al acuerdo. El Ministerio Público advirtió que la causa involucra a múltiples actores y líneas de investigación aún abiertas, por lo que fragmentar la reparación del daño podría afectar la coherencia de la acusación.

Casanello también rechazó convocar a una audiencia para tratar la propuesta al señalar que no existía un acuerdo previo con el Estado como parte damnificada, y consideró que homologar el entendimiento podría entorpecer el trámite ante el Tribunal Oral Federal N°8, que juzgará al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otras 15 personas.

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El magistrado quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio. La fiscalía ubica a Kebleris y Rivero como piezas clave de un entramado que habría operado durante casi cuatro años dentro del Polo Obrero y sus unidades de gestión, mediante empresas como Coxtex S.A., Ediciones e Impresiones Rumbos, Urban Graphics, Ricoprint y Miniso Trade, acusadas de emitir documentación falsa para simular compras y encubrir el desvío de fondos públicos.