Freno al acuerdo UE–Mercosur e incertidumbre para la Argentina

La Argentina volvió a quedar en el centro de las consecuencias del freno institucional al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. La decisión del Parlamento Europeo de remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise su legalidad paraliza la ratificación del pacto y posterga un conjunto de beneficios comerciales que el país esperaba capitalizar en el corto y mediano plazo, en un contexto de fragilidad económica y necesidad de divisas.

La votación, realizada ayer en Estrasburgo, fue ajustada: 334 eurodiputados votaron a favor del envío del acuerdo a la justicia europea, 324 se pronunciaron en contra y 11 se abstuvieron. Hasta que el TJUE emita un dictamen, el Parlamento no podrá avanzar con la aprobación formal del tratado, un proceso que podría extenderse por más de un año y medio.

UN ACUERDO CLAVE

El acuerdo UE–Mercosur prevé la eliminación gradual de aranceles para más del 90% del comercio bilateral y la creación de una zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de consumidores. Para la Argentina, el tratado es considerado estratégico por su potencial para ampliar exportaciones agroindustriales —como carne bovina, soja, miel, azúcar y arroz— y mejorar el acceso de productos con mayor valor agregado al mercado europeo.

Además del impacto directo en el comercio, el acuerdo es visto como una herramienta para atraer inversiones, mejorar la previsibilidad de las reglas comerciales y diversificar mercados en un escenario de restricciones externas y escasez de dólares.

EL RECHAZO DEL AGRO EUROPEO

El freno parlamentario fue celebrado por sectores del agro europeo, que desde hace meses se movilizan contra el tratado. Cientos de agricultores se concentraron frente a la sede del Parlamento en Estrasburgo para protestar contra un acuerdo que, según sostienen, expone a la producción local a una competencia desleal por el ingreso de alimentos importados más baratos y producidos bajo normas sanitarias y ambientales diferentes.

Francia encabezó el rechazo. El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, celebró la votación y sostuvo que la Eurocámara “se expresó en coherencia con la posición” defendida por su país. Francia, principal productor agrícola de la Unión Europea, concentra uno de los núcleos de resistencia más firmes al acuerdo.

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Desde organizaciones rurales francesas, como Jóvenes Agricultores, calificaron la decisión como una “victoria” tras años de presión política y protestas sectoriales.

La Comisión Europea expresó su “profunda decepción” por la decisión del Parlamento. El portavoz del organismo, Olof Gill, afirmó que, según el análisis jurídico del Ejecutivo comunitario, las objeciones legales planteadas por los legisladores “no están justificadas”.

Pese al revés, la Comisión mantiene la posibilidad de avanzar con una aplicación provisional del acuerdo, una alternativa prevista en los tratados europeos cuando la ratificación se demora. Esa opción, sin embargo, implicaría un alto costo político, ya que supondría avanzar pese al bloqueo parlamentario.

DIVISIONES INTERNAS Y CONTEXTO GEOPOLÍTICO

La votación expuso profundas divisiones dentro de la Unión Europea. Alemania y España, dos de los principales impulsores del tratado, lamentaron la decisión y reclamaron avanzar con su aplicación provisional.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el freno como “lamentable” y advirtió que el Parlamento “subestimó la situación geopolítica”, en un contexto de tensiones comerciales globales y un giro proteccionista de Estados Unidos. En ese marco, dirigentes europeos favorables al acuerdo lo definieron como un instrumento clave para diversificar socios comerciales y reducir dependencias estratégicas.

Aunque el envío del acuerdo al TJUE se presenta como una revisión legal, distintos actores europeos coinciden en que se trata, en los hechos, de una maniobra para dilatar su entrada en vigor. El tribunal no puede suspender la aplicación provisional ni bloquear la ratificación definitiva del tratado. En el peor de los casos, podría señalar observaciones parciales que obliguen a realizar ajustes técnicos.

Según el texto del acuerdo, su aplicación provisional podría activarse una vez que al menos un país del Mercosur complete sus procedimientos internos y se realicen las notificaciones mutuas correspondientes. La falta de plazos explícitos deja la definición final en manos de una decisión política.