Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados

La investigación judicial por los presuntos abusos cometidos por Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, integrantes de la agrupación La Capitana y ex empleados del Senado bonaerense, sostiene que las acusaciones contra ambos circulaban en ámbitos políticos desde varios años antes de la intervención de la Justicia.

Según el expediente, existían denuncias radicadas en 2014 y 2019 que no registraron avances en sede judicial, situación que habría contribuido a que los acusados mantuvieran actividad partidaria y cargos públicos durante casi una década. En ese contexto, una de las denunciantes decidió trasladarse a otra ciudad ante la falta de respuestas institucionales.

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, Estela Díaz, asumió su cargo en diciembre de 2019 y reconoció que, para ese momento, tenía conocimiento de los señalamientos que pesaban sobre la pareja. En declaraciones citadas por Infobae, explicó que esa información le llegó en forma de versiones previas a su nombramiento.

Díaz argumentó que la ausencia de avances judiciales limitaba el margen de intervención estatal, ya que se trata de delitos de instancia privada, en los que el impulso de la causa depende de la decisión de la víctima cuando es mayor de edad.

El Ministerio de Mujeres intervino recién en octubre de 2024, a partir del pedido de una empleada del Senado. La Dirección de Situaciones de Alto Riesgo recibió su testimonio y le informó que la asistencia institucional —como la entrega de botones antipánico— requería la presentación previa de una denuncia penal.

Ese criterio de intervención es actualmente cuestionado por organizaciones civiles, que reclaman mecanismos de acompañamiento y protección antes de la judicialización formal de los casos.

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Apartamiento del Senado y continuidad salarial

La denuncia penal se formalizó a mediados de 2025. No obstante, Rodríguez y Silva Muñoz ya contaban con una orden de restricción desde diciembre de 2024, dictada en el marco de una causa previa.

En ese momento, el secretario administrativo del Senado, Roberto Feletti, resolvió apartarlos de sus funciones. Pese a ello, los acusados continuaron percibiendo su salario hasta el mes en que se concretó su detención.

La causa también analiza la continuidad de la actividad política de los procesados. Existen registros de la participación de La Capitana en la inauguración de una unidad básica del Movimiento Derecho al Futuro en agosto de 2025, espacio vinculado políticamente a la ministra Díaz.

Si bien la funcionaria negó haber mantenido una relación de trabajo conjunta y aseguró haber rechazado compartir actos, se identificaron imágenes de los acusados junto a ella y otros dirigentes en actividades públicas realizadas entre 2020 y 2025.

Durante 2025, además, Rodríguez y Silva Muñoz asistieron a actos oficiales en la ciudad de La Plata, como la vigilia del 2 de abril y la movilización por la Noche de los Lápices. En esos eventos coincidieron con las víctimas pese a las medidas de restricción vigentes, lo que motivó la intervención de efectivos policiales para retirarlos del lugar.

El rol de una falsa abogada

El expediente incorpora también el rol de Melina Gaudino, quien se presentaba como abogada sin contar con el título habilitante. De acuerdo con el testimonio del abogado Claudio Yacoy, Gaudino habría informado a las víctimas sobre supuestas gestiones legales que en realidad no existían, con el objetivo de evitar el avance del proceso judicial.

Gaudino ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad hasta 2023, en la Municipalidad de La Plata durante 2024 y en la Unidad de Género de la UTN en 2025. En todos los casos fue contratada bajo la presunción de ser profesional del derecho, hasta que las cesantías confirmaron que no contaba con acreditación académica.