Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei

El legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, reclamó la renuncia de Alejandro Fabián Díaz como presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cargo que ocupa en paralelo a su función como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el principal organismo de control interno del Gobierno nacional.

Según explicó Del Gaiso, la Comisión Fiscalizadora “tiene entre sus funciones emitir informes financieros y dictaminar sobre la administración de los fondos, asuntos económicos y legales de la AFA”, por lo que consideró incompatible que su titular sea, al mismo tiempo, un funcionario clave del gobierno de Javier Milei.

El legislador también vinculó a Díaz con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. “Alejandro Fabián Díaz fue puesto por Toviggino en ese lugar”, sostuvo, aludiendo a una relación de cercanía entre ambos.

“Sería bueno que el Gobierno le pida la renuncia a la Comisión Fiscalizadora de la AFA o que se presente en la Justicia a contar qué sabe de las irregularidades de TourProdEnter y las empresas fantasma en Estados Unidos”, afirmó Del Gaiso.

El rol clave de la Comisión Fiscalizadora

De acuerdo con el artículo 63 del estatuto de la AFA, la Comisión Fiscalizadora es el órgano encargado de supervisar la administración financiera de la institución. Entre sus atribuciones se encuentra la elaboración de dictámenes sobre la memoria, el balance general, el inventario y la cuenta de recursos y gastos de cada ejercicio.

Los balances contables de la AFA correspondientes a los períodos entre 2017 y 2024 —actualmente cuestionados por la Inspección General de Justicia (IGJ)— fueron firmados durante el tiempo en que Díaz estuvo al frente de ese organismo de control interno de la entidad futbolística.

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Licencia, pero no renuncia

Díaz asumió como titular de la SIGEN a mediados de julio de 2025, tras ser designado por el presidente Milei para reemplazar a Miguel Blanco. Al asumir en el Gobierno, solicitó una licencia como presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA, pero no presentó su renuncia formal.

En una carta fechada el 18 de julio de 2025 y dirigida a Tapia y Toviggino, el funcionario explicó que su nuevo rol en la gestión pública le impedía desempeñar sus funciones en la AFA “con la diligencia, independencia y objetividad que exigen las normas profesionales aplicables y los principios rectores de la Ley General de Sociedades”. Por ese motivo, pidió a la Asamblea de la AFA una licencia “con el fin de preservar la transparencia y eficacia en la labor de fiscalización”.

Desde su entorno aseguran que no tiene previsto renunciar y consideran que el pedido de licencia fue suficiente. No obstante, admiten que su nombre aún figura en el organigrama oficial de autoridades publicado en el sitio web de la AFA.

La ofensiva del Gobierno contra la AFA

El pedido de renuncia se produce en medio de una fuerte escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA. En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la entidad por presunta facturación apócrifa por un monto cercano a los $376 millones.

En paralelo, la IGJ investiga supuestas irregularidades en los balances contables y la DGI mantiene una causa por presunta retención indebida de aportes, el único expediente en el que Tapia figura imputado.

Un dato que genera especial ruido político es que quien tenía a su cargo el control de las cuentas de la AFA es, precisamente, un funcionario de máxima confianza de la Casa Rosada.

Una posición incómoda en la Casa Rosada

La situación dejó a Díaz en una posición incómoda dentro del Gobierno. Mientras asesores cercanos al Presidente buscan bajarle el perfil al tema, Del Gaiso insistió en que el titular de la SIGEN podría aportar información relevante a la Justicia sobre el contrato firmado entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.

Ese contrato, suscripto en 2021, fue clave para la recaudación de ingresos internacionales de la AFA y hoy se encuentra bajo la lupa judicial.

Tapia, por su parte, respondió con un contraataque y denunció al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Antes de llegar a la SIGEN, Díaz fue auditor de Nucleoeléctrica Argentina, síndico en empresas públicas como YPF, Banco Nación, Correo Argentino y Belgrano Cargas, y representante argentino ante la OCDE. Además, está involucrado en la causa Vicentin, en la que la Justicia ordenó la inhibición general de sus bienes.