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Hubo disidencias en el interior del FPV y con la oposición
El proyecto para crear la Policía local fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, con lo que se dio el primer paso para la sanción de la ley que ahora se debatirá en Senado.
Con un largo debate en el recinto, que se inició cerca de las 16 y duró hasta pasadas las 21, el oficialismo votó el proyecto con el acompañamiento en general de Nuevo Encuentro, el Frente Renovador y Unión Celeste y Blanco, estos dos últimos presentando disidencias en relación a diversos artículos.
Si bien el gobernador Daniel Scioli ya había llevado a la Legislatura un proyecto en ese sentido en dos oportunidades anteriores, fue a fines del año pasado cuando decidió acordar el envío de una nueva ley con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en momentos en que se trataba el Presupuesto 2014.
El texto de la nueva propuesta para crear la fuerza fue presentado en febrero por el ministro de Seguridad Alejandro Granados, quien ayer presenció la votación desde uno de los palcos.
El proyecto atravesó desde entonces el debate de cuatro comisiones, en las que sufrió una serie de modificaciones tendientes a intentar arribar a un consenso ante las resistencias a distintos artículos, principalmente de parte de intendentes del Conurbano y dirigentes de La Cámpora.
POLEMICA Y UNA ABSTENCION
Uno de los datos salientes que refleja que el conflicto con los intendentes sobre algunos puntos de la norma que se pretende sancionar no quedaron saldados, fue la abstención del diputado oficialista Juan José Mussi durante la votación en particular de todos los artículos relacionados con el financiamiento de la nueva fuerza.
Como viene publicando EL DIA, desde el ingreso del proyecto en la Cámara baja, los jefes comunales del Conurbano rechazaron aspectos relacionados con los fondos que se enviarán a las comunas para esta policía, que pretendían que se transfirieran con un mecanismo automático similar al de la coparticipación.
Si bien durante su paso por las distintas comisiones se redactó un artículo que establece que la modalidad de transferencia será “directa y automática”, esto no pareció haber contentado a los jefes comunales que el ex intendente de Berazategui representa, ahora como legislador del FPV.
El punto del financiamiento también fue resistido por el Frente Renovador, que en la voz del presidente de la bancada, Jorge Sarghini, afirmó que el texto del artículo “no garantiza nada la automaticidad. Así como está, hecha la recaudación, la plata no va al fondo para financiar la policía, sino a la tesorería”, se quejó.
El massismo votó en contra ese aspecto de la ley y también un polémico punto que se incorporó el martes en la comisión de Derechos Humanos: el artículo 113 que modifica la Ley de Unificación de las normas de organización de las policías de la Provincia, restándole a la Bonaerense la facultad para realizar detenciones por averiguación de antecedentes.
Contra ese mismo punto se mostró enérgico el presidente de la bancada de Unión Celeste y Blanco, Guillermo Britos. El denarvaísta reprochó que el artículo “limita que la policía del ministro Granados haga tareas de prevención”, y al mismo tiempo, cuestionó otro punto conflictivo de la norma que establece que las policías distritales que operen en municipios que adhieran a la nueva fuerza, dependerán “funcionalmente” del intendente.
En tanto, el Frente Amplio Unen ratificó la postura de rechazo a la norma que ya había adelantado, por considerar que “no soluciona los problemas de inseguridad” de la Provincia y que, al contrario, “propiciará el arraigo del narcotráfico” en los distritos. Así lo remarcaron los presidentes del FAP y la UCR, Marcelo Díaz y Jorge Silvestre, respectivamente.
Por otra parte, la izquierda, representada en los monobloques Unidad Popular y Frente de Izquierda Trabajador, también votó en contra, reprochando que el dinero que se usará para la nueva policía debería utilizarse en educación y salud.
UNA NUEVA FUERZA
La fuerza que se pretende crear está prevista para funcionar en prevención en distritos de más de 70 mil habitantes que quieran adherir al sistema, y dependerá del intendente, quien tendrá potestades para nombrará al jefe .
La estructura, que desarrollará tareas vinculadas a la prevención del delito, podría comenzar a funcionar en agosto del año que viene, según se estima en los despachos oficiales.
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