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El titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello (der.), y su vicepresidente Elvis Amoroso, en la sesión en Caracas
CARACAS.- La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) nombró ayer como Defensora Pública General a la jueza Susana Barreiros, que emitió la condena contra el dirigente opositor Leopoldo López, en un abierto reto a la oposición que rechazó el nombramiento con el argumento de que se está actuando de espaldas del pueblo.
En un intento por demostrar que no quedó tan debilitado después del revés de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, la mayoría oficialista aprobó el nombramiento de Barreiros como Defensora Pública General sin el respaldo la bancada opositora. “No vamos a caer en ningún chantaje”, afirmó el presidente de la AN, Diosdado Cabello, poco antes de someter a votación la designación de Barreiros, quien condenó a López a casi 14 años de prisión en septiembre pasado, acusado de incitar la ola de protestas antigubernamentales de febrero de 2014 que dejó 43 fallecidos. En octubre, uno de los fiscales del caso, Franklin Nieves, dijo que había recibido presiones de la justicia para encarcelar a López con pruebas falsas y huyó del país. Opositores, ex presidentes y activistas de derechos humanos dicen que López, preso desde hace 22 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, es inocente y reclaman su libertad.
El analista político Luis Salamanca consideró las últimas acciones del oficialismo como medidas “desesperadas”, e indicó que ante la “demoledora” derrota de los comicios legislativos, aún no ha logrado asimilar los resultados. “El golpe fue tan duro que están negando lo que pasó”, agregó.
La coalición opositora señaló que al asumir el control del congreso el próximo 5 de enero promoverá una ley de amnistía para lograr la liberación de López y otros de los llamados “presos políticos”. El presidente Nicolás Maduro ya anticipó que vetará esa ley.
El diputado opositor Hermes García rechazó el nombramiento de Barreiros por ser una jueza “profundamente cuestionada”, y dijo en un discurso que el oficialismo con esa acción estaba actuando de “espaldas a la voluntad popular”. La mayoría oficialista también aprobó ayer el traspaso de la administración del canal del congreso a sus trabajadores. Cabello apuntó en un discurso que antes de que el actual congreso finalice sus funciones el 4 de enero, la bancada oficialista espera aprobar el nombramiento de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y otras leyes.
La decisión del oficialismo de acelerar el nombramiento de los jueces del máximo tribunal fue desestimada por el dirigente y diputado electo, Henry Ramos Allup, que afirmó que esa acción tiene “vuelo corto”. La oposición ha denunciado que el oficialismo presionó la jubilación adelantada de 12 de 32 magistrados del Tribunal Supremo para asegurar el control de esa instancia.
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